Dice que la Fiscalía debería analizar si puede ser delito "que los magistrados adoptaran decisiones injustas a sabiendas"
BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ex portavoz del Gobierno vasco Miren Azkarate destacó hoy que se debería actuar contra los magistrados del TSJPV Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García, y Roberto Sáiz, para pedirles responsabilidades por su empeño en procesar y juzgar al ex lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con Batasuna. Asimismo, consideró que la Fiscalía debería analizar si puede ser delito que estos magistrados "adoptaran decisiones injustas a sabiendas".
En un artículo en el diario Deia, recogido por Europa Press, Azkarate señala que la decisión del TS de absolver al actual lehendakari, Patxi López, a su antecesor en el cargo, Juan José Ibarretxe, al consejero de Interior, Rodolfo Ares, y a cinco representantes de la izquierda abertzale, "parece ser que solamente tiene un destinatario: los magistrados del TSJPV que iniciaron y mantuvieron contra todo razonamiento cabal y jurídico el procesamiento penal contra el entonces lehendakari".
"Era la primera vez que se procesaba penalmente a un lehendakari e Ibarretxe tuvo que afrontar también esta carga histórica. Le denunciaron el Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia. A Patxi López, hoy lehendakari, le sentó en el banquillo el PP del País Vasco. Parece ser que nadie lo recuerda o, mejor dicho, que nadie del PSE o del PP desean que se recuerde", indica.
A su juicio, son los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJPV Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Roberto Sáiz "los principales destinatarios de la sentencia del Tribunal Supremo", y dijo que "es curioso que no lo hayan sido" las personas que fueron procesadas.
"El objeto de la sentencia de los magistrados del Supremo son los responsables de haber creído que existían, contra todo razonamiento jurídico y en contra de la jurisprudencia existente, indicios racionales de criminalidad", dijo.
Tras subrayar que "el Supremo no puede ser más claro y contundente en sus razonamientos" al afirmar que "Ruiz Piñeiro, García y Sáiz tuvieron múltiples ocasiones, durante el trámite de instrucción judicial, de rectificar lo que habían hecho mal y nunca lo hicieron". "Es más, ahora sabemos que el instructor del conocido como caso Ibarretxe jamás debiera haber admitido a trámite la querella y nunca debió de haber comenzado la instrucción de la causa", señaló.
Por ello, se preguntó "por qué lo hicieron, por qué fabricaron artificialmente una causa penal contra un lehendakari". "Quizá no sea ocioso aventurar que solamente hicieron lo que esperaban que hicieran las personas que los pusieron en esos cargos. Es oportuno recordar cómo llegó Ruiz Piñeiro a la presidencia del TSJPV y cómo las crónicas periodísticas de Madrid informaban entonces de que se estaban jugando cuestiones de Estado en Euskadi y que la presencia de Ruiz Piñeiro en el Tribunal Superior de Justicia era indispensable", dijo.
En este sentido, dijo que tiene "pocas dudas de que este magistrado pasará a encarnar, como muy pocos, la imagen y los efectos de la politización de la Administración de Justicia y la judicialización de la vida política inventada y puesta en práctica por Aznar y el Partido Popular".
"Lo que no pudieron conseguir por vías políticas lo intentaron conseguir utilizando la Justicia. De ahí que el Tribunal Supremo nos diga ahora -demasiado tarde- que han causado un daño importante y relevante a la Justicia", destacó.
No obstante, consideró que "también otros órganos", como el Tribunal Constitucional, "pudieron haber parado en seco la trama judicial urdida contra Ibarretxe". "La defensa del lehendakari interpuso un recurso de amparo ante este Tribunal para que pusiera un poco de razón en esta increíble historia, Y no lo hizo. No sólo no lo hizo entonces, sinos que todavía hoy el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso de amparo interpuesto por el lehendakari Juan José Ibarretxe", recordó.
Tras subrayar "la injusticia e indignación" que provocan "actos como éstos, llevados a cabo con impunidad por personas que deben servir al Derecho, en lugar de servirse de él para sus fines particulares", se preguntó si "alguien pedirá responsabilidades ahora a estas personas".
"Quizá el Fiscal entienda, según los razonamientos del Tribunal Supremo, que los magistrados citados adoptaron decisiones injustas a sabiendas, incluso, de que las estaban adoptando, porque actuaban con otros criterios. ¿Puede ser esto tipificado como delito? ¿tienen alguna responsabilidad? Y si la tienen: ¿qué tipo de reparación tiene la injusticia que llevaron a cabo?", preguntó.
RAZONAMIENTOS DEL TS
En esta línea, recordó que, "durante mucho tiempo", cuando ella, como portavoz del Gobierno y otros dirigentes políticos o el propio Ibarretxe, expusieron "los mismos razonamientos que ahora sentencia el Supremo", se les reprochó que pretendieran que el entonces lehendakari "estuviera por encima de la Justicia, por encima del bien y del mal".
"Los reproches lo mismo vinieron del señor Piñeiro, en tonos siempre revestidos de pulcritud, o del señor Antonio García, como del señor Basagoiti o de los señores Patxi López o José Antonio Pastor", señaló.
Por ello, consideró que "una democracia seria no puede funcionar correctamente con un Poder Judicial que lleva a cabo actos como los del caso Ibarretxe". "De poco sirve ahora que nos digan que el sistema funciona correctamente porque el propio Poder Judicial ha puesto orden donde otros pusieron desorden y generaron un caos político y mediático", apuntó.
A su entender, "el orden judicial debe partir desde sus mismos orígenes, debe ser justo y atenerse al Derecho desde sus propias raíces", y manifestó que "es poco discutible que el Poder Judicial en España es el único que tiene pendiente todavía la aceptación plena de los valores democráticos".
"Hay ya demasiados casos que apuntan en dirección opuesta. Desde sentencias sobre abusos a mujeres hasta casos como el del lehendakari Ibarretxe. La transición fue excesivamente generosa con quienes pasaron del franquismo a la democracia como quien cruza una plaza de una calle a otra", dijo.
Miren Azkarate lamentó "cuánto sinsabor y cuánta decepción provocan la existencia de personas que se creen con el poder de encausar, juzgar y condenar a una persona contra todo razonamiento, contra todo pronóstico y contra la misma jurisprudencia, guiados por pensamientos ajenos al Derecho, a la racionalidad y a la proporcionalidad, siguiendo criterios políticos y no jurídicos".
"¿Se merecen estas personas que todos los ciudadanos confiemos en ellas para que nos administren Justicia de manera imparcial? Yo adelanto mi opinión: No se lo merecen", concluyó.
