La Justicia anula la multa a un trabajador de Acciona por una protesta realizada en el Pleno municipal de Bilbao

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Justicia ha anulado la sanción administrativa impuesta a un trabajador de Acciona que participó en una protesta durante el Pleno municipal de Bilbao celebrado en septiembre de 2025, en el marco del conflicto laboral que mantenía la plantilla de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y conservación de la red de alcantarillado, según ha informado el sindicato ELA.

La sentencia es ya firme, ha indicado, y estima el recurso presentado contra la multa de 601 euros que le fue impuesta al empleado y concluye que los hechos se produjeron en un contexto de conflictividad laboral y reivindicación social en el que "la libertad de expresión goza de una protección reforzada".

La protesta tuvo lugar mientras la plantilla denunciaba llevar 13 años con los salarios congelados. Ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones y la imposibilidad de trasladarlas al alcalde por otras vías, varios trabajadores acudieron al Pleno municipal para visibilizar el conflicto.

Durante la sesión, uno de los empleados se levantó y mostró un folio tamaño A3 con el mensaje "Servicio Saneamiento: 13 años sin subidas de salario ni un IPC". Tras la acción, los trabajadores fueron expulsados del salón de plenos por orden de la Alcaldía y el empleado fue posteriormente sancionado por la Administración.

La resolución judicial subraya que las administraciones públicas no pueden recurrir de forma automática al poder sancionador para responder a protestas incómodas y recuerda que dicha potestad debe reservarse para conductas de especial gravedad.

Tras recurrir la sanción, el juzgado ha estimado los argumentos del trabajador y ha dejado sin efecto la multa, en una decisión que el sindicato considera "una victoria para la defensa de los derechos fundamentales y de la actividad sindical".

ELA ha valorado de forma positiva el fallo y ha afirmado que supone "un serio correctivo" frente al uso del poder sancionador por parte de las administraciones para "intimidar o criminalizar la acción sindical". Asimismo, ha denunciado que instrumentos como la denominada Ley Mordaza han sido utilizados en numerosas ocasiones para limitar el derecho a la protesta y desmovilizar a los trabajadores.

A juicio del sindicato, la sentencia refuerza la protección de la libertad de expresión en contextos de conflicto laboral y constituye un respaldo al ejercicio de los derechos sindicales y de reivindicación social.