Las multas, que iban a entrar en vigor el 17 de julio, podían llegar a los 600.000 euros
VITORIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco, a través de una iniciativa del PSE y el PP, instó hoy al Gobierno autonómico a impulsar los cambios normativos necesarios para eliminar las sanciones a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que en principio iban a entrar en vigor el 17 de julio y que en algunos casos llegaban a los 600.000 euros. El texto recibió el rechazo de las formaciones nacionalistas y EB, y la abstención de UPyD.
La propuesta fue aprobada hoy en el transcurso del pleno ordinario que celebra la Cámara, en la que se debatió sobre este tema a raíz de una iniciativa original de UPyD. Este texto, que reclamaba la "inmediata" derogación del decreto que regula las sanciones, así como otra propuesta del PNV que defendía el mantenimiento de la norma, no salieron adelante.
Las multas para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas como atender y rotular en las dos lenguas oficiales de Euskadi aparecen contempladas en la Ley de 2003 sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que fija sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros. Posteriormente, un decreto aprobado en 2008 desarrollaba la citada ley y fijaba los plazos y las características de las empresas afectadas por la norma.
8.000 EMPRESAS AFECTADAS
Las compañías a las que se refiere la normativa son las grandes cadenas comerciales y empresas de comunicación, transporte y servicios que operen en Euskadi. Los requisitos se fijan en función del tamaño y la ubicación de las compañías, entre otros factores. Según algunas estimaciones, habría 8.000 negocios afectados, que darían trabajo a 200.000 personas.
El pasado día 2, el Gobierno vasco ya anunció su intención de demorar la aplicación de las multas" hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje". No obstante, la iniciativa aprobada hoy por la Cámara da un paso más en esa dirección e insta al Gobierno a "impulsar las modificaciones normativas necesarias que permitan amparar y fomentar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, eliminando las medidas coercitivas y sancionadoras".
En el segundo punto de la iniciativa se insta al Gobierno a que "con ese fin, establezca una moratoria de un año" en la aplicación de las sanciones, hasta que se aprueben las citadas modificaciones normativas.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, de quien partió la iniciativa original a partir de la cual se suscitó el debate, calificó de "despropósito" el intento de "imponer el uso de una lengua por la vía del decreto" y consideró que la derogación de la normativa sobre este asunto debe hacerse "cuanto antes".
EL 77% USA EL CASTELLANO
El parlamentarrio del PSE-EE Vicente Reyes rechazó la imposición de multas "por motivos lingüísticos" y apostó por "recuperar el consenso roto por los gobiernos anteriores". Además, recordó que el último sociómetro indica que un 77 por ciento de los vascos utilizan principal o únicamente el castellano en su ámbito familiar. "¿Con esta realidad sociolingüística cómo pueden defender la imposición de sanciones?", preguntó a las formaciones nacionalistas.
Desde el PP, Iñaki Oyarzábal coincidió en que se trata de "una imposición artificial" y denunció que con este tipo de normas "se limita la libertad" de los ciudadanos en el ámbito privado y se lleva a cabo "un ataque frontal contra la libertad de empresa". Tras asegurar que "los talibanes lingüísticos son los mayores enemigos del euskera", defendió la necesidad de eliminar del Estatuto de los consumidores y del decreto que lo desarrolla "todas las medidas referidas a sanciones y obligaciones".
OBJETIVOS "ASUMIBLES"
La parlamentaria del PNV Arantxa Aurrekoetxea manifestó que los objetivos que se marcan en la normativa aprobada en la legislatura pasada "son asumibles" y precisó que las obligaciones sólo afectan a empresas que tienen recursos suficientes para hacerles frente. También recordó que, junto a las exigencias y sanciones, se contemplan ayudas económicas para facilitar la adaptación de las compañías a la normativa. Por otra parte, afirmó que los vascoparlantes tienen derecho a usar el euskera no sólo en sus relaciones con la Administración, sino también en el ámbito privado.
Desde las filas de Aralar, Mikel Basabe aseguró que en el Estado español, y a través de la propia Constitución, "sólo se impone" el conocimiento del castellano. Además, propuso al resto de grupos que abandonen las posturas "maximalistas" con el fin de llegar a un acuerdo para garantizar el conocimiento de ambas lenguas oficiales en las próximas generaciones.
El parlamentario de EB, Mikel Arana, se mostró en contra de las multas, pero afirmó que "si no se adoptan medidas para impulsar la demanda" de atención en euskera, "nunca" se logrará esa demanda.
