Afectados por los desahucios de viviendas sociales piden a la Junta la exención de alquiler a familias sin ingresos

María Luisa Prudencio
EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Actualizado: martes, 26 junio 2012 16:09

MÉRIDA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Afectados por los desahucios de viviendas sociales que se están ejecutando en Extremadura en las últimas semanas han reclamado al Gobierno de Extremadura que las familias que no tengan ningún tipo de ingresos "estén exentas del pago del alquiler momentáneamente", hasta que comiencen a trabajar.

Un grupo de afectados y "amenazados" por desahucios de las viviendas sociales se ha concentrado a las puertas de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, en Mérida, con motivo de la reunión prevista con el consejero del área, Víctor del Moral, para exponerle su situación y sus reivindicaciones.

La portavoz del colectivo de personas afectadas por los desahucios de viviendas sociales, María Luisa Prudencio, en declaraciones a los medios de comunicación ha reclamado a la Consejería de Fomento que "paren los desahucios", que a su juicio suponen un "maltrato institucional" de los ciudadanos.

"AUTÉNTICO PÁNICO" EN LOS BARRIOS

Entre las reivindicaciones que este colectivo prevé plantear al consejero en la reunión, se encuentra la "paralización inmediata" de todos los desahucios, que están "provocando auténtico pánico en los barrios", así como modificar la tabla de minoraciones de alquileres para "adaptarla a las nuevas situaciones de pobreza y marginación que se están generando en los últimos años".

En su intervención, María Luisa Prudencio ha hecho hincapié en la necesidad de cumplir la normativa de protección a los menores, ya que según ha apuntado, en algunos de los desahucios "les han puesto las cunas y los juguetes en la calle", algo que ha tachado de "vergonzoso".

Así, ha recordado que las Comunidades Autónomas "tiene que velar por el bien de todos los menores", y ha considerado que "esta manera de echarlos a la calle junto con sus padres" es un "maltrato institucional, no solo a los mayores sino a los menores, a los que debe proteger", ha aseverado Prudencio.

Ha reclamado además una nueva regularización de traspasos, cesiones y trasmisiones familiares, ya que a su juicio se trata de una "aberración" desahuciar a personas que viven en casas cuyos titulares son familiares suyos", y ha reivindicado una "solución" para aquellas personas que ya han sido desahuciados y ahora viven "hacinados" en casas de amigos o familiares.

OCUPACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS

Este colectivo también ha pedido al consejero Víctor del Moral que se haga público el censo de viviendas desocupadas de Extremadura, y la elaboración de un "plan inmediato de ocupación de las viviendas vacías", así como de un plan de "reparaciones, arreglo y adecentamiento" de las viviendas sociales por parte del Gobierno regional.

Finalmente, la portavoz de este colectivo ha señalado que "si la administración está dispuesta a regularizar la situación de todas las viviendas en Extremadura", el Gobierno extremeño tendría que "mirar las grandes viviendas que hay en lugares irregulares, incluso cercanas a pantanos como el Orellana, que son segundas viviendas de gente con dinero y a esos no se les ha ocurrido tocarles".

"Creo que es bastante razonable lo que venimos a pedirle", ha considerado Prudencio, quien ha avanzado la intención de proponerle al consejero de Fomento crear una mesa de diálogo sobre estas reivindicaciones para conseguir "algo que sea de justicia".

Y es que, según ha aseverado, "si hay alguna irregularidad habrá que verla, pero no en todos los casos ha sido así", y ha señalado que cuando el Gobierno regional habla de conductas asociales, a su juicio "las conductas asociales es poner en la calle a los niños".

Entre las personas que se han concentrado frente a la Consejería de Fomento estaba Ana, una mujer que desde hace un año viene recibiendo "cartas de desahucio, todas las semanas una", debido a que no paga el alquiler desde hace un año

Según ha relatado ante los medios de comunicación, esta mujer regresó a Mérida hace tres años "con una orden de protección", en la actualidad cobra 426 euros mensuales, y vive con su hermano y su hijo, ambos en paro.

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