3 de abril de 2020
 
Actualizado 25/03/2020 13:02:45 +00:00 CET

La Junta suspende como regla general de forma automática todos los contratos en trámite por la alarma del coronavirus

   MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha adoptado un acuerdo por el que se establecen las pautas de actuación de los órganos de contratación sobre la suspensión de términos e interrupción de plazos en la tramitación de la contratación pública de la Administración regional, como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de estado de alarma ante el coronavirus.

   Como regla general, se establece la suspensión automática de todos los contratos en trámite desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020.

   Ello implica que todos contratos en tramitación quedan en suspenso, cualquiera que sea la fase en la que estuvieran en el momento de entrada en vigor de esta norma, de forma automática y desde la entrada en vigor de la misma. También se interrumpen de forma automática los plazos en curso.

   Los procedimientos suspendidos y el cómputo de los plazos se reanudarán en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 o las prórrogas del mismo, informa en nota de prensa la Junta de Extremadursa.

   Por otra parte, en aquellos contratos ya adjudicados o en fase de propuesta de adjudicación se podrá continuar con la tramitación, siempre que el órgano de contratación considere necesaria su ejecución y que las prestaciones del mismo se puedan realizar en la situación actual.

   Y en los casos en que se considere necesario para evitar perjuicios graves, podrá acordarse la no suspensión, en el supuesto de que haya un único licitador en el procedimiento, con independencia de la fase en la que se encuentre el mismo.

   Asimismo, los órganos de contratación de la Junta de Extremadura y su sector público podrán acordar motivadamente la no suspensión de la tramitación de aquellos contratos que se refieran a situaciones vinculadas al estado de alarma, que sean indispensables para la protección del interés general o indispensables para el funcionamiento básico de los servicios.

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