Demandan una nueva ordenación territorial y destacan el papel de los agricultores en la protección medioambiental
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de Xóvenes Agricultores, Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego coincidieron hoy en el Parlamento gallego en defender que el nuevo Estatuto de Galicia debe reconocer "explícitamente" la función social que el sector agrario y ganadero cumple en la sociedad gallega.
En su comparecencia ante la Comisión de reforma del Estatuto, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, destacó el papel fundamental de la agricultura y la ganadería en el tejido económico y social de Galicia, el hecho de que el sector elabore "productos baratos y de calidad" y su incidencia en la protección medioambiental.
"Somos la garantía de que exista la Galicia que hoy conocemos", subrayó Roberto García, que vinculó al sector la existencia en Galicia de 30.000 núcleos de población y advirtió del problema de despoblamiento de las zonas rurales por el abandono de las aldeas. "Tiene que ser posible vivir en el rural sin ser agricultor o ganadero", concluyó.
Por su parte, la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, Lidia Senra, también reivindicó el papel social de los agricultores y ganaderos y consideró que el sector está "mucho más allá de una actividad profesional" y que "toda la sociedad está interesada en la actividad agraria".
En ese sentido, justificó la importancia social del sector que produce alimentos, ocupa el territorio y tiene un gran relevancia en la conservación del medio ambiente. Del mismo modo, el delegado de Xóvenes Agricultores en Lugo, Juan Pérez Sánchez-Orozco, explicó que las directrices de la Unión Europea consideran a los agricultores los "gendarmes de la naturaleza" y garantes de la conservación ambiental.
MEJORA DE CONDICIONES
Juan Pérez advirtió además de que el objetivo fundamental de la reforma del Estatuto en el ámbito agrario debe ser "conseguir equiparar las condiciones de calidad de vida entre el rural y la ciudad". Sobre ese aspecto, Roberto García denunció que siguen existiendo "desigualdades y discriminaciones importantes" que "se sufren en el rural con agravantes".
El secretario xeral de Unións Agrarias advirtió de que la situación es "preocupante" y denunció una pérdida de la renta agraria en los últimos veinte años. Asimismo, explicó que cuatro de cada cinco productores tienen unos ingresos por debajo de la mitad del salario mínimo interprofesional, que deben completarse con otras actividades y el cobro de pensiones.
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Roberto García también exigió que el futuro del rural se planifique "al mismo tiempo y no después" que las áreas metropolitanas, ya que existe "la misma urgencia" para las áreas rurales y "no pueden ser residuales". Así, aseveró que "no hay un proyecto serio de una nueva organización del rural adecuada a nuestro tiempo".
El representante de Unións Agrarias consideró además que las diputaciones fomentan las "desigualdades en el reparto de ayudas" a los ayuntamientos, algo que fue ampliado por Lidia Senra, quien abogó por el reconocimiento jurídico de las parroquias y destacó la necesidad de abordar una ordenación del territorio gallego, en la que se "defina y salvaguarde" el uso agrícola del suelo.
La secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego también apostó por garantizar la cotitularidad en las explotaciones agrarias para las parejas, por declarar a Galicia "nación libre de organismos genéticamente manipulados" y reconocer el derecho del pueblo gallego a la soberanía alimentaria.
CUESTIÓN IDENTITARIA
Los representantes de los sindicatos agrarios mostraron más diferencias en la cuestión identitatia de Galicia. Así, Lidia Senra fue rotunda al definir a Galicia como nación y aseverar que "el idioma oficial debe ser el gallego". También reclamó el "máximo nivel" competencial y "voz propia" en todas las instituciones del Estado.
Roberto García, por su parte, también reclamó más competencias para Galicia, entre las que citó la propiedad comunal y la política forestal. Defendió además el "deber de conocer y el derecho de usar" la lengua gallega. Restó importancia a la cuestión identitaria al decirle a los miembros de la comisión que "llamen como quieran" a Galicia, pero que pongan énfasis en solucionar los problemas del sector agrario.
En cuanto a Juan Pérez, puso especial énfasis en partir del actual Estatuto y advirtió de que no sería "ni positivo ni necesario" emplear un texto nuevo como punto de partida. "Por muy importante que sea, no estamos hablando de una nueva Constitución gallega", enfatizó. Se mostró "orgulloso" del modelo actual de bilingüismo y aseveró que "está muy claro que la lengua de ganaderos y agricultores es el gallego".
Finalmente, pidió consenso a los grupos para sacar adelante el nuevo Estatuto y consideró necesario "no hacer una fotocopia" de otras reformas autonómicas. Sin embargo, explicó que "ya existen límites" marcados en el nuevo Estatuto catalán, aunque también advirtió de que se deben seguir "criterios distintos en la financiación, incluso contrapuestos" al modelo catalán.
