SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Social número 3 de Ourense ha condenado a la empresa pública Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga), dependiente de la Xunta y encargada de labores contra el fuego, a abonar 13.300 euros a un total de 36 brigadistas por horas extra y nocturnas realizadas en 2013 y 2014 que no fueron pagadas.
En dos fallos con fecha de 30 de junio a los que ha tenido acceso Europa Press, la jueza da la razón a peones, peones especialistas y jefes de brigada indefinidos discontinuos en su demanda contra Seaga al no haberles retribuido las horas trabajadas a las que tienen derecho en base a lo recogido en el V convenio colectivo de la Xunta.
En concreto, las cantidades oscilan entre una brigadista a la que se adeudan 162 euros por 47 horas no pagadas, hasta otro al que se le tendrán que abonar 557 euros por 112 horas trabajadas sin cobrar. De media, a cada uno de estos 36 trabajadores Seaga dejó de pagarles cerca de 370 euros.
En la sentencia figura que se da la razón a los trabajadores por las horas extra trabajadas en agosto, septiembre y octubre de 2013, así como las nocturnas de 2013 y 2014. Sin embargo, los brigadistas también demandaban cobrar las horas extra de julio de 2013, junto a las nocturnas de julio, agosto y septiembre de 2013, pero la Sala no estima estas al haber prescrito el plazo para su reclamación.
Al respecto, el juzgado de lo Social número 3 de Ourense sentencia que "no se discute" la "realización" de esas determinadas horas extra, "sino que están prescritas", por lo que Seaga no tendrá que abonarlas. Contra este fallo cabe recurso de suplicación.
OTRA SENTENCIA
Este fallo llega después de que a finales de junio la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarase el derecho del personal con contrato indefinido discontinuo de Seaga a que sus periodos de actividad coincidan, cuanto menos, con los periodos en los cuales se encuentre vigente la orden de encomienda suscrita por la empresa con la Xunta.
Seaga retrasó en 2015 los llamamientos del personal durante 20 días y adelantó la finalización de los contratos en 15 días, por lo que en total privó del derecho a trabajar y a cotizar un total de 35 días a los más de 500 operarios de la empresa. Por este motivo, se estima que la Xunta deberá indemnizar con un millón de euros a los trabajadores de la compañía pública.
