Quintana dice que Medio Rural quiere "aclarar" los hechos y Paz (BNG) reclama una investigación interna
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El instructor del Juzgado número 1 de Instrucción de Corcubión, Iván Barallobre, solicitó a la Consellería de Medio Rural un total de 13 expedientes correspondientes con contratos negociados sin publicidad entre los años 2008 y 2010 en el marco de la investigación por el supuesto fraude realizado por un empresario de la Costa da Morte.
En el auto, al que se refirió la diputada del BNG Tereixa Paz en el pleno del Parlamento para formular una pregunta a la conselleira Rosa Quintana, y al que ha tenido acceso Europa Press, se alude a las sospechas de la Unidad de Delincuencia contra el Fraude (UDEF) acerca de la existencia de "nuevos expedientes de subvenciones y adjudicaciones de contratos concertados" entre un empresario y la Xunta.
En este caso se investiga sobre los "indicios racionales" de la posible comisión de delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones en la tramitación de subvenciones de la Xunta para la primera forestación de tierras en lugares de los ayuntamientos de Dumbría y Vimianzo, entre otros.
Estos trabajos, según figura en el auto, estarían realizados por las empresas vinculadas al empresario Manuel M.H., que está imputado en la causa, y en colaboración con otras dos personas.
Así, tras las denuncias recibidas y la declaración de testigos, se desprende que diversos afectados afirmaron que nunca habían solicitado subvenciones ni autorizado cuentas bancarias a su nombre.
En ellas, recibirían las subvenciones que, según las sospechas de la UDEF, pedía el empresario imputado en nombre de vecinos con fincas para luego supuestamente realizar trabajos en sus fincas y cobrar el dinero público.
NUEVOS EXPEDIENTES
Fruto de las investigaciones, la UDEF desconfía ahora que existen nuevos expedientes de subvenciones y adjudicaciones de contratos entre el Manuel M. H. Y su empresa con la Xunta en los que "pudieran repetirse las irregularidades denunciadas".
Estas sospechas se fundamentan, explica el documento policial, en que alguno de los expedientes investigados figuran como empresas que presentan ofertas de contrato en concurrencia con la del imputado, y serían las mismas que lo hicieron en las ofertas "manipuladas y amañadas" en los expedientes ya investigados inicialmente.
Además, se sospecha que para realizar estas actuaciones, tuvo que darse "algún tipo de connivencia" entre el empresario y "o bien funcionarios de la Xunta, o bien determinadas empresas que participan en los procesos de contratación pública, para influir en la tramitación y adjudicación irregular de contrataciones".
PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Así las cosas, el juez reclama que se envíe a la UDEF los "listados de empresas elaborados por la Subdirección Xeral de Recursos Forestais en (13 contratos) negociados sin publicidad", y se indique, en su caso, el procedimiento abierto del que proceden.
También reclama en formato digital todos los procedimientos abiertos en la provincia de A Coruña adjudicados a empresas distintas de Maceiras y Esmorís (investigada) entre los años 2007 y 2011, en el que consten el tipo de contrato, el importe de licitación y adjudicación, las empresas concurrentes y la empresa adjudicataria.
CLARIFICAR LOS HECHOS
En el debate en el pleno, y en respuesta a la diputada nacionalista del BNG, la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, ha defendido que la Xunta ha puesto en conocimiento de la Justicia la documentación disponible y ha asegurado que su equipo es el "principal interesado en clarificar los hechos".
Quintana ha afirmado que no han estado "de brazos caídos" y se han revisado 574 expedientes . Además, ha asegurado que "hay que dejar actuar a la justicia", si bien ha certificado que ella misma asumirá "responsabilidades políticas y administrativas" si finalmente se constatan las irregularidades.
La parlamentaria del BNG defendió que nunca dirigió su petición de responsabilidades hacia el "gobierno", pero sí ha exigido una investigación interna en la Administración autonómica para averiguar en qué punto se ha producido el fraude.
