Actualizado 03/03/2014 19:26

Abren juicio oral a los siete ediles del PP de Santiago imputados por prevaricación

Fiscalía cree que tomaron un acuerdo "arbitrario" para "favorecer a su compañero" pese a "saber" que estaba imputado por "delitos de corrupción"

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha notificado este lunes el auto de apertura del juicio oral contra los siete concejales imputados por un delito de prevaricación, por decidir que el Ayuntamiento costease la defensa del edil de Deportes, Adrián Varela, tras su imputación en la Operación Pokémon.

   De ello ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha precisado --en un comunicado remitido a los medios-- que los siete ediles populares se enfrentan a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un plazo de nueve años.

   En concreto, la petición de la Fiscalía se dirige contra Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello, los siete que, en la Junta de Gobierno Local del 30 de mayo de 2013, aprobaron que el Consistorio asumiese la defensa de Adrián Varela.

   La imputación de sus compañeros a raíz de esta decisión --a instancias de la denuncia de un particular-- motivó que, en julio, el propio Adrián Varela presentase un escrito en el Consistorio por el que renunciaba a cualquier tipo de compensación por los gastos de su defensa.

   En todo caso, el Gobierno de la capital gallega siempre ha defendido que la decisión de pagar los gastos de defensa de Varela llegó a la Junta de Gobierno "avalada por un informe del director de la asesoría jurídica y secretario municipal" y que el vicesecretario municipal dio "su conformidad" en la propia reunión.

AUTO DE LA JUEZA

   No obstante, la magistrada Ana López-Suevos, en línea con la petición del Ministerio Fiscal, ha acordado la apertura de juicio oral y, en su auto de este mismo lunes, declara órgano competente para decidir sobre el caso de estos siete concejales del PP al juzgado de lo Penal de Santiago al que corresponda por turno.

   Así, el caso sigue adelante pese a que estos siete integrantes de la Junta de Gobierno han decidido recurrir ante la Audiencia Provincial la decisión de la jueza de continuar la tramitación del procedimiento abreviado, que transcurre en paralelo al mencionado recurso.

   Y es que, para López-Suevos, el acuerdo de pagar la defensa a Adrián Varela se tomó "a sabiendas" de que su imputación "era derivada de un proceso penal por supuesta corrupción", esto es, "por actos cometidos por abuso o exceso de funciones, con claro conflicto de sus intereses particulares con los de la Corporación local".

   En concreto, Varela Sarandeses está imputado, en el marco de la Operación Pokémon que instruye la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

VISIÓN DE LA FISCALÍA

   Al respecto, la fiscala Aránzazu San José resalta que el informe de la asesoría jurídica municipal "expone claramente" que sólo puede costearse el abogado de un concejal cuando la imputación tenga su origen o causa en el cumplimiento de sus funciones, sin que las actuaciones se hayan llevado a cabo "con abuso" o guarden relación con "intereses particulares propios".

   Otro supuesto establece que "se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de éstos o su carácter ilícito".

   Así las cosas, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía entiende que los siete acusados eran "sabedores" de que en el caso del responsable local de Deportes "no concurrían ninguno de los requisitos antedichos", pues conocían que estaba imputado por "varios delitos de los denominados de corrupción" y de que "se estaba comprometiendo el erario público" para el pago de un letrado designado por el propio Varela.

   "Con clara intención de favorecer a su compañero", como aprecia el ministerio fiscal, que ve a los siete concejales que ahora se enfrentan a juicio "sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho".

ACUERDO "ARBITRARIO"

   Así, al no hacer referencia expresa a los condicionantes mencionados por la asesoría jurídica ni "examinar en modo alguno" si concurrían los mismos, la Fiscalía censura que se hayan comprometido "fondos públicos al pago de unas minutas devengadas por un letrado --el exjuez Javier Míguez Poza-- en cuya designación no había intervenido la corporación local".

   Por todo ello, concluye que los acusados adoptaron el citado acuerdo "de forma arbitraria y en base únicamente a su propia voluntad", apartándose de "los principios de objetividad y de los de servicio de los intereses generales".

   A mayores, la fiscala resalta que la Junta de Gobierno local de Santiago decidió "tratar como urgente" la solicitud de Adrián Varela --registrada ese mismo día-- de que el ayuntamiento costease sus gastos de representación y defensa, "sin que existiera motivo justificado" para que se resolviese de inmediato ese asunto.