(AMP) La Cámara gallega elegirá por proporcionalidad entre 32 y 48 miembros de las asambleas de las cajas, el 20 y 30%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La futura ley de cajas de Galicia determinará que la cuota de representación de la comunidad se sitúe en el 20 por ciento en una asamblea general de 160 miembros, lo que supone incorporar a 32 integrantes designados por proporcionalidad en el hemiciclo. Además, en el caso de que las cajas no cuenten con entidades fundadoras, como ocurre en la actualidad con Caixa Galicia, a esta cifra habrá que sumarle el 10 por ciento reservado para ellas, lo que eleva a 48 miembros los elegidos en sede parlamentaria.

Estos criterios aparecen recogidos en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que dieron a conocer hoy su portavoz, Manuel Ruiz Rivas, y su responsable de Economía, Pedro Puy, quienes apuntaron que, en esas iniciativas, se integra el rechazo a que los integrantes de los órganos de dirección ostenten cargos políticos, deseo que expresó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

También los grupos de la oposición, que presentaron hoy sus iniciativas, apuestan por que esta competencia resida en la Cámara bajo estas premisas. El BNG, que enmienda así su proyecto de ley para especificar este asunto, también presentó otras seis iniciativas con el objetivo de "blindar" el veto ante un SIP y de que el Gobierno gallego coordine las inversiones y obra social que tengan que realizar las cajas foráneas en Galicia.

Los 'populares' mantienen el parámetro del 20 por ciento que introdujo el Bloque en su proposición de ley; pero que colisiona con el PSdeG. Esta formación discierne entre el 13% para la Comunidad gallega en los casos en que las cajas cuenten con entidades fundacionales (como Caixanova, en donde lo son el Ayuntamiento de Vigo y las diputaciones de Pontevedra y Ourense) y el 21% para las que no, caso de Caixa Galicia.

Al respecto de la asamblea, el PPdeG establece en el 30% la representación de los impositores, deja en el 10% la de los empleados, y fija en un 20% los miembros de las corporaciones locales. Para las entidades fundadoras, aplica hasta el 10% y un 10% a las instituciones sociales. Los órganos de gobierno tendrán que estar adaptados en dos meses las cajas y los estatutos en seis.

MÁS FLEXIBLE

Sin embargo, el PSdeG apostó por una solución "flexible", que supone recoger la situación de partida para entidades como Caixanova, en la que se mantendría el 17,5% de participación de entidades fundadoras que existe la ley vigente. Además, los socialistas abogan por que los municipios estén representados en el 26 por ciento, a la que se suma la de Vigo como "mayor ayuntamiento".

A mayores los socialistas fijan por encima del 11% la representación institucional a través de las entidades del Consello Económico Social de Galicia para determinar la representación --sindicatos, confederaciones de empresarios, universidades y otras organizaciones de carácter social-- y el Consejo General de Economistas y el de Abogados de Galicia. Sin embargo, la defensa del PPdeG es repartirse ese 10% entre organizaciones el CES (25%), las representadas en el CES que no tienen carácter corporativo o institucional (25%) y la mitad para entidades benéfico-sociales.

El PPdeG apuesta, en todos los casos, por que la representación sea estrictamente proporcional, con lo que se garantiza la "pluralidad", al tiempo que se concede la estabilidad a los órganos de gobierno que no estarían sujetos a cambios de mayorías. Además, para ser miembro de los consejos de administración habrá que ser obligatoriamente integrante de la asamblea y, paralelamente, el representante de la comunidad podrá estar a la vez en los consejos de dos cajas.

INCOMPATIBILIDADES

A mayores, se establecen los criterios de que las personas designadas cuenten con experiencia en los ámbitos jurídico y económico, no podrán ostentar ningún cargo de designación política ni representativa y se establece la edad máxima de 70 años a director general y a todas las entidades participadas, frente a los 65 establecidos por el BNG. El PPdeG también establece la asistencia obligatoria de los directores generales a los consejos de administración, algo que hasta ahora esta potestativo.

En el supuesto de que un miembro de la asamblea o de los consejos cumpliese la edad máxima o accediese a un cargo político, esa causa supondría cese. Además, los integrantes de los órganos de gobierno de las cajas no podrán estar vinculados a éstas o sus empresas en más de un 20 por ciento directa o indirectamente durante el mandato y dos años siguientes, salvo que sea un propio empleado de la entidad crediticia.

BANCA PÚBLICA Y OPERATIVIDAD

Además, el PPdeG elimina de la proposición de ley cualquier tipo de aproximación que signifique caminar hacia una banca pública o los artículos que sean "hondamente intervencionistas". Al respecto de la primera de las cuestiones, los 'populares' advierten de que, incluso, podría contener problemas legales con las normativas europeas.

Para mejorar la operatividad de las cajas, el PPdeG propone mejorar la documentación de los asuntos a tratar en cada asamblea y mejorar la comunicación de los acuerdos con la consellería competente.

Además, en este sentido se crean comisiones delegadas obligatorias para la obra social --con reuniones cada tres meses y un informe anual--, comisión de retribuciones y otra de inversiones, que también deberá dar cuentas al consejo de dirección con la elaboración de un documento. A mayores, introduce mayor frecuencia de reuniones de los consejos de administración y mejora la transparencia al respecto de los altos cargos.

Entre otras cuestiones acerca de la intervención de la Xunta, tendrá ésta, de forma obligatoria, que autorizar preceptiva para determinadas inversiones en función del riesgo que supone para la entidad, como para en proporción de los recursos propios o totales de cada una de las cajas.

SIP

En cuanto la posibilidad de las alianzas externas, los 'populares' complementan la autorización de producirse un sistema internacional de protección (SIP), de forma que la Xunta deberá recibir información en el caso de que se produjesen estas circunstancias.

Por su parte, el PSdeG rechaza en sus enmiendas impedir alianzas externas, puesto que, según aseguró su portavoz parlamentario, Xaquín Fernández Leiceaga, "no sería sensato". En todo caso, propone reforzar el carácter democrático, de manera que sea la Xunta la que tome las decisiones en los casos de SIP, y no la conselleira, al tiempo que el Parlamento pueda participar a través de propuestas de resolución, tras comunicación previa del Gobierno autonómico. OBRA SOCIAL

El quinto eje de las iniciativas versa en la obra social, para la que el grupo mayoritario de la Cámara incluye los principios de universalidad y mejorar el tejido productivo, sanidad, servicios sociales y cultura y deporte de base, entre otros. De hecho, los grupos de la oposición también hacen mención a la necesidad de reforzar este ámbito para favorecer los intereses de Galicia.

También se refuerza la capacidad de la consellería para revisar la obra social, de forma que deberá autorizar los acuerdos de la asamblea general relativos a las atribuciones de los excedentes a la obra social, los presupuestos de cada ejercicio y las liquidaciones anteriores.

REFORMA

En total, el PPdeG presentó 44 enmiendas, que suponen modificar 23 artículos de la normativa vigente, mientras que los socialistas registraron 72 iniciativas para cambiar la iniciativa presentada en la Cámara.

Con el nuevo texto que salga del pleno extraordinario del 30 de diciembre se reformará el decreto legislativo de 2005, que a su vez aprobó el texto refundido de las leyes de 1985 y de 1996 sobre las cajas gallegas.