VIGO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal ha solicitado hoy ante la jueza de Instrucción número 6 de Vigo que se imputen a los dos concejales del PP detenidos en Gondomar (Pontevedra), José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, por su presunta relación con una trama de corrupción urbanística, tres delitos de cohecho a cada uno de ellos.
Asimismo, y según explicó uno de los abogados defensores, Fernando Rubianes, la acusación pública también presentó una imputación por otros tres delitos de cohecho para el arquitecto F.B.R.M., que fue detenido en la misma operación que los dos concejales, mientras que la imputación para la cuarta detenida, Belén F., compañera sentimental de Mosquera, es por un delito de cohecho.
Por su parte, las defensas han solicitado el sobreseimiento de la causa y su nulidad, al considerar que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación policial son "ilegales". Además, han presentado sus correspondientes alegaciones para justificar su petición, a la espera de lo que decida la magistrada titular de la sala.
Rubianes explicó que, además de la petición de sobreseimiento y nulidad, los abogados defensores han realizado también la petición de nuevas pruebas, entre las que destaca la presentación del documento del nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Gondomar, así como la declaración de la técnico que lo redactó, la directora de la empresa Taula y actual presidenta del Colegio de Arquitectos de Vigo, Marian Leboreiro.
TRAMA URBANÍSTICA
Los concejales Mosquera (de Cultura) y Gómez (Urbanismo), la mujer y el arquitecto vigués fueron detenidos el pasado 14 de febrero, por su presunta relación con el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias urbanísticas, tras la presentación de una denuncia particular por parte de un promotor, que colaboró en la investigación con la Guardia Civil.
Tras prestar declaración, los cuatro detenidos fueron puestos en libertad. En el caso de los ediles de Gondomar, el alcalde del municipio, Carlos Silva (PP), les retiró sus competencias, y días después, los imputados presentaron su dimisión por escrito en el registro del Ayuntamiento.
El edil de Urbanismo proclamó su inocencia con respecto a las acusaciones de cohecho, mientras que Mosquera, reconoció, en la carta que remitió al alcalde, que había actuado "mal", aunque aseguró que "jamás" llamó "a la puerta de ningún promotor para pedir dinero a cambio de una licencia" e insistió en que "el destino del dinero del que se habla estaba muy lejos" de su "bolsillo". "Nunca tuve por objetivo el enriquecimiento personal, ni la ostentación, ni el lujo", añadió.
