Archivada la investigación contra dos cargos de la Xunta por supuestas coacciones inmobiliarias en Ourense

Publicado 03/04/2019 16:45:39CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en la que se investigaba a dos cargos de la Xunta por la presunta comisión de un delito de coacciones inmobiliarias a una nonagenaria residente en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de la ciudad de As Burgas.

En concreto, el magistrado indica en el auto que no advierte un ánimo "admonitorio o coactivo suficiente para integrar el tipo penal", más allá de "la intención reconocida de la Consellería de Facenda de recuperar la posesión del inmueble" en el ámbito de un plan general de racionalización del patrimonio inmobiliario y "no de forma caprichosa o intencionada".

Para ello, destaca que el otro inquilino del edificio al que Facenda también remitió comunicaciones manifestó que "nunca" se había sentido "coaccionado o forzado" para que desalojase la vivienda.

Entre otras cuestiones, el juzgado ha tenido en cuenta el "amplio lapso temporal", de más de "cinco años", en el que la Xunta envió los requerimientos de desalojo a la denunciante

LA XUNTA "DESCUIDÓ EL MANTENIMIENTO"

El instructor reconoce, no obstante, que la Xunta "descuidó de forma notoria y continuada en el tiempo las labores de mantenimiento del edificio, como es el caso de la limpieza de zonas comunes o mantenimiento básico". También aprecia "una cierta demora a la hora de acometer la reparación del ascensor del edifico", que se mantuvo estropeado entre enero y noviembre de 2018.

Sin embargo, atribuye estos comportamientos a "una conducta omisiva o de desidia institucional, sin que conste una supresión de tales servicios acordada expresamente".

"No cabe sino empatizar con la denunciante cuando relata la situación de abandono institucional, las dificultades para acceder a su vivienda con motivo de la avería del ascensor o la suciedad que presentan las zonas comunes del edificio. Ahora bien, lo que no se advierte es unos mínimos indicios de intencionalidad en la conducta de los concretos querellados tendente a propiciar de forma voluntaria con sus resoluciones o actos concretos una situación de hostigamiento o acoso a la inquilina para forzarla a abandonar el inmueble", apunta el instructor. Contra el auto cabe presentar recurso de reforma y subsidiario de apelación.

En su denuncia, del 28 de septiembre de 2018, el fiscal jefe acusaba a ambos cargos de la Xunta de intentar presionar a dos inquilinos del edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, situado en la Avenida de la Habana y de titularidad de la Administración gallega, para que desalojasen sus viviendas, "no sustituyéndose el alumbrado" o "no realizando el mantenimiento del ascensor", tras la negativa del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Ourense y de la Audiencia Provincial de Ourense a su petición de desahucio.

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