El documento alega que no se pueden pedir responsabilidades por las imputaciones de funcionarios porque "no existen"
VIGO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno extraordinario solicitado por el PP de Vigo para que el alcalde, Abel Caballero, diese explicaciones acerca de la imputación de tres funcionarios y de la cuñada de Carmela Silva por un supuesto caso de 'enchufismo', no se celebrará finalmente, después de que el secretario municipal emitiese un informe contrario a esa convocatoria.
Este martes finalizaba el plazo legal que tenía el regidor para convocar, si procediese, el pleno solicitado por los ediles populares. A última hora de la mañana de este martes, se comunicó al grupo municipal del PP que ese pleno no se celebrará, en base a un informe del secretario, quien alega que el gobierno municipal no puede exigir "responsabilidades" por la imputación de tres funcionarios (tal y como pedía el PP en su solicitud) porque "no existen responsabilidades que se puedan exigir".
Así, el secretario recuerda que hay un procedimiento judicial abierto, en el marco del cual se ha citado a 4 personas como imputadas (entre ellas, el actual y el anterior interventor, y un jefe de servicio en el área de Empleo). Según apunta, "nada, absolutamente nada, puede hacer el gobierno local -salvo colaborar con la Justicia-- para evitar un escenario de instrucción en unas diligencias previas", e incluso el PP, con su solicitud, podría incurrir en un "ejercicio abusivo del derecho".
A ese respecto, el informe refleja que la petición del PP es "instar al gobierno municipal a que adopte las medidas oportunas para exigir las responsabilidades a quien hubiera provocado esta situación", lo que es "una propuesta de contenido imposible material y jurídico, pues el hecho de que tales funcionarios hubieran intervenido en la tramitación de unos expedientes administrativos que son objeto de investigación, y hayan citados a declarar como imputados (...) no genera responsabilidad de ningún tipo".
"INDEFENSIÓN Y PERJUICIO A TERCEROS"
El secretario abunda en que la petición del pleno extraordinario "insta al gobierno a la adopción de unas medidas de contenido y realización imposible al estar desprovistas de cualquier lógica y fundamento jurídico", para las que, además, "el gobierno carece de competencia material". Por ello, insiste, un acuerdo en ese sentido sería "nulo de pleno derecho".
Con estos argumentos, ante la posibilidad de adoptar "un acuerdo contrario a derecho" y "ante el escenario de un debate en sesión pública inútil e inquisitivo, con indefensión y perjuicio a terceros", el secretario concluye que el alcalde debe dictar resolución rechazando dicha convocatoria.
