LUGO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de la Diputación de Lugo, el 'popular' Francisco Cacharro, insistió hoy en que "no es nada" la Operación Muralla, impulsada por el que fue fiscal jefe Jesús María Izaguirre en el Juzgado número 3, y en el que se investigan supuestas irregularidades urbanísticas.
La resolución de esta operación, acometida en mayo de 2006, y que concluyó con la detención de diez personas --cinco de las cuales eludieron el ingreso en prisión tras depositar una fianza de 18.000 euros-- está pendiente por el juzgado. La Operación Muralla busca dirimir supuestas irregularidades en expedientes de adjudicación de obras del organismo provincial.
Entre los detenidos que tuvieron que hacer frente al pago de la fianza figuran el que fuera jefe de servicio de vías y obras de la Diputación y su antecesor en el cargo. Además se encuentran entre los imputados un delineante del organismo provincial y el propietario de una empresa de señalización viaria y de un estudio técnico.
El propio fiscal irrumpió al inició de la operación, acompañado de agentes de la Policía Nacional, en el palacio provincial para practicar un registro, lo que molestó al entonces presidente provincial, que este mismo año tuvo que declarar en calidad de testigo.
Después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, vinculase este operativo policial con el acoso que denuncia el PP por parte del Gobierno central, Cacharro respondió que "hay que esperar que resuelva el juzgado de una vez y se verá lo que hay, que no es nada". "Dentro de eso se le puede encasillar, como otros muchos casos de persecución al PP", sentenció, y pronosticó que todo se "resolverá tarde, mal y con un daño moral para muchas personas".
"SOLEMNE TONTERÍA"
Por su parte, el que fuera portavoz de los socialistas en la Diputación en el 2006 y que denunció estas irregularidades ante la Fiscalía, Manuel Martínez, tildo de "solemne tontería" las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien puso de manifiesto en el Consello de la Xunta que esta operación se activó "antes de las municipales".
Martínez se limitó a certificar que los socialistas denunciaron "una serie de hechos irregulares, que creían y creen que podían ser constitutivos de un delito". "Seguimos pensando que los hechos que se denunciaron eran claros y contundentes e, independientemente de lo que diga la justicia, nuestra obligación como oposición era denunciarlo", zanjó.
A este respecto, precisó que, en ese año, su grupo constató que "había una serie de contrataciones irregulares y adjudicaciones de obras que recaían siempre en la misma empresa y fue lo que desató esa denuncia".