SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consello Económico e Social (CES) ha publicado este miércoles su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas --conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos--, en el que manifiesta diversas críticas al texto, tanto en lo que se refiere al uso de esta técnica legislativa como a la introducción de "nuevas cargas económicas" a los gallegos en momentos de crisis.
En primer término, la institución que preside Corina Porro señala que el recurso a la Ley de Acompañamiento es "inadecuada", ya que regula "una profusión de materias distintas" y ello provoca "inseguridad jurídica" debido a la "dispersión" de las normas reguladoras. De hecho, incide en que "dificulta" la localización de la normativa por parte de los ciudadanos y la realización de una evaluación global del texto por parte del CES.
Asimismo, manifiesta "la falta de oportunidad" de la "introducción generalizada de nuevas cargas económicas a la ciudadanía y al tejido empresarial" en una coyuntura económica como la actual. "Se introducen, por una parte, nuevas tasas y se modifican al alza otras", indica el informe, que también advierte de que, en su configuración, aparecen "elementos que podrían vulnerar el principio de equivalencia" regulado por la ley autonómica.
A mayores, no deja pasar "errores en la utilización de la escritura del idioma gallego", por lo que recomienda que se someta a "una corrección lingüística". Lo mismo ocurre con texto en lo tocante al tratamiento de género, por lo que se introducen cambios de "expresiones como 'usuarios' por 'personas usuarias' o 'usuarios y usuarias".
En todo caso, el CES valora que este anteproyecto de ley se haya sometido --"como corresponde legalmente", recuerda-- al trámite del preceptivo dictamen de este organismo consultivo, ya que este paso "fue eludido en el ejercicio precedente".
GARANTIZAR GUARDIAS FARMACÉUTICAS
Al margen de la evaluación general, el informe del CES repasa los diferentes artículos del anteproyecto legal alertando sobre la necesidad de hacer cambios, bien sea técnicos, ortográficos o de redacción, así como en el contenido de los mismos.
Por ejemplo, en el artículo que modifica la Ley de tasas, precios y exacciones de Galicia. El Consello Económico e Social considera que "debe haber un error" en cuanto a lo que atañe a la renovación de la tarjeta sanitaria, ya que ésta no caduca. "Con todo, se entiende exagerada la tasa de 10 euros prevista, toda vez que es un documento imprescindible para recibir asistencia", concluye el informe, pidiendo que "se elimine" este gravamen.
Sin salir del ámbito sanitario, en lo que atañe al servicio de guardia farmacéutica, se advierte de que la inclusión de un nuevo apartado en la Ley de ordenación farmacéutica de Galicia podría provocar que los usuarios de "los núcleos más aislados" se queden sin este servicio. "Dejaría claramente la puerta abierta a no garantizar la prestación a un colectivo social o unas áreas geográficas que requieren medidas de apoyo", subraya.
También recomienda que, entre las deducciones al canon que establece la Ley de Aguas, se deben incluir "los hogares con todos sus miembros en el paro", aunque no tengan la consideración de personas en riesgo de exclusión social.
Además, hace hincapié en que la modificación de un artículo de la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia "deja un excesivo margen de discrecionalidad en favor de la administración".
VOTO PARTICULAR DE LA CEG
Por su parte, la representación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) dentro del CES ha emitido un voto particular para mostrar su "rechazo" a algunas consideraciones aprobadas por el pleno de este organismo.
Por ejemplo, discrepa en lo relativo a los instrumentos de ordenación del territorio y defiende "la exención" de presentar evaluación ambiental --ahora es obligatoria "según lo establezca o no el órgano ambiental"-- en el caso de proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal cuyo plan sectorial previo ya se evaluase.
Tampoco concuerda con el pleno en lo que respecta a los horarios de los servicios de guardia farmacéutica, ya que comparte los "motivos" de la normativa proyectada por la Xunta en base a "evitar situaciones incoherentes y procurar una mejor racionalización del gasto en el sector".