Reconocen que "no hay tiempo" para parar la consulta aunque no descartan solicitar la anulación de los resultados "judicialmente"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CIG-Ensino presentó hoy una reclamación por vía administrativa en el Rexistro Xeral de la Xunta en la que insta al Ejecutivo autonómico a paralizar el proceso de consulta a los padres sobre el uso del idioma en las aulas por "incumplir las garantías mínimas" de cualquier proceso jurídico, como es "esta consulta popular".
Así, el abogado de la CIG, Héctor López de Castro, compareció en rueda de prensa junto con el secretario nacional del sindicato, Anxo Louzao, en la que admitieron que previsiblemente --con este recurso-- "no se obtendrá una resolución en un tiempo útil" aunque posteriormente valorarán "pedir suspensión cautelar a nivel judicial" contra el resultado de este acto de consulta.
Por ello, Louzao apela a la administración "para que suspenda de oficio" esta consulta a los padres, que considera un instrumento de Educación para "intentar legitimar un proceso fraudulento" de "persecución del gallego".
Concretamente, López de Castro explicó que las encuestas a los padres representan "una consulta popular que a su vez requiere de un procedimiento jurídico" aunque "no sea un referéndum", por lo que consideró que la Xunta "no aseguró las garantías públicas y previas en la metodología utilizada" como son el secreto y la transparencia, según la Ley de procedimiento administrativo.
"Es una encuesta que se entrega a los niños para que se la lleven a sus familias", aclaró de Castro, quien criticó que el Ejecutivo gallego legitime "a unos niños de 4 o 5 años como garantía de un proceso de secreto" --como es la consulta a los padres, que influirá en la elaboración del nuevo decreto sobre el uso del gallego en la enseñanza--.
Por ello, denunció que se desconoce "el método", las "bases concretas" y la garantía "de protección de datos personales" con la consulta, que definió como "un auténtico despropósito metodológico".
UNIÓN SINDICAL
Por su parte, Anxo Louzao avanzó que su organización está "pendiente de distintas reuniones" con el resto de fuerzas sindicales y asociaciones del ámbito educativo "para tratar posturas unitarias" ante los "objetivos perversos sobre el gallego" del PPdeG. Así, abogó por la creación de "una plataforma o un punto de encuentro" de diferentes sectores para "tejer un frente común" ante "una involución y una regresión" en la política de normalización lingüística y con el objetivo de "deslegitimar los resultados" de este proceso de consulta "que no ofrece garantías" y "no es legal".
"No se consultó previamente a los sindicatos de la Mesa Sectorial ni al Consello Escolar ni a los centros educativos", lamentó Louzao, quien aseguró que la Xunta informó mediante un correo electrónico al equipo directivo de los centros "en el que se les decía que --el procedimiento de consulta-- había salido en la prensa", sin realizar "una convocatoria oficial".
MODELO EDUCATIVO
Asimismo, criticó que "el veredicto" de la encuesta está "sentenciado de antemano" y recordó que la enseñanza en gallego "no es una decisión exclusiva de los padres" sino que esta legitimación "está representada en el Parlamento" de Galicia.
Además, consideró el cuestionario de la consulta "una trampa" al excluir de la misma a los alumnos de bachillerato "que cuentan con un criterio más consciente" sobre la importancia del gallego en la educación.
Louzao reivindicó "el consenso" de las normas vigentes en materia lingüística --como el Plan Xeral de Normalización-- y denunció que el gallego y el castellano "no tienen el mismo estatus en la actualidad", por lo que "no puede haber bilingüismo harmónico" si "no tienen los mismo derechos" de partida.
"TOMADURA DE PELO"
Por su parte, el sindicato CC.OO. consideró "una tomadura de pelo" la encuesta a los padres para escojer la lengua en la que quieren educar a sus hijos, ya que consideran que Educación "continúa engañando a la opinión pública sobre sus intenciones" respecto al idioma.
Así, en un comunicado, consideran que el procedimiento de consulta "carece del más mínimo rigor" y critican que "aún hoy se desconocen las garantías que se tomarán para controlar los resultados".
