Pide la ejecución de sentencia, pero espera que se condene a más empresas del "entramado"
VIGO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La CIG estima que Freiremar deberá pagar a sus extrabajadores de Vigo (afectados por un ERE de extinción que fue declarado nulo por los tribunales) 5,3 millones de euros, entre indemnizaciones y salarios de tramitación, en caso de que, como confían, se confirme que los despidos han sido improcedentes.
En una rueda de prensa, el responsable de Fgamt de la CIG, Xosé Fernández Piñeiro, ha explicado que, el medio centenar de exempleados que ha acudido a los juzgados para denunciar su despido bajo el amparo de este sindicato, reclaman 1,7 millones de euros en indemnizaciones y otros 980.000 euros de salarios de tramitación*, en total, 2,68 millones de euros.
Teniendo en cuenta que el sindicato representa a la mitad de la plantilla, calculan que el resto reclamará otro tanto, por lo que Freiremar debería hacer frente a pagos que superan los 5 millones de euros. A ese respecto, Fernández Piñeiro ha mostrado su "confianza" en que los extrabajadores puedan cobrar, porque Freiremar "tiene recursos".
Así, tanto Piñeiro como Miguel García, del comité de empresa, han recordado que Freiremar vendió barcos y licencias de pesca por valor de más de 10 millones de euros, y que tiene otros activos.
Después de que los tribunales hubieran declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo, y de que la empresa no hubiera contestado a la propuesta del juez (que trató de cerrar un acuerdo para evitar continuar por la vía contenciosa) para que se indemnizase a los empleados con 45 días por año, la CIG ha confirmado que ya ha solicitado la ejecución de sentencia.
RECURSO
No obstante, el sindicato ha precisado que queda pendiente de resolver un recurso presentado con la finalidad de que la Audiencia Nacional condene a más empresas del "entramado" de Freiremar (la sentencia alude inicialmente a 16 empresas) y cuatro personas de la familia Freire.
"Queremos que se condene al resto de empresas, porque formaban un entramado en el que había trasvase de caja e incluso de trabajadores", ha indicado Fernández Piñeiro, quien ha advertido de que este proceso "puede tener derivadas penales", haciendo una comparación con el caso Pescanova, "por el fraude de los empresarios en la gestión".
La planta de elaborados de Freiremar en Vigo está "completamente cerrada", de hecho la empresa ha perdido el derecho sobre la nave, al no renovar la concesión de la Autoridad Portuaria. Por otra parte, las instalaciones frigoríficas del muelle Bouzas trabajan con niveles mínimos y tienen almacenadas, de una capacidad total para 3.000 toneladas, tan solo 150 toneladas de mercancía.
