Plus de altos cargos, personal directivo, modelo de retribución y carrera profesional, los puntos más contestados por los sindicatos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Tres de los cuatro sindicatos de función pública (CIG, UGT y CSIF) han remitido a la Consellería de Facenda este martes, cuando terminaba el plazo, sus alegaciones al borrador de la ley de empleo público. Mientras, CC.OO. ha optado por esperar a mantener la reunión a la que el departamento autonómico ha convocado a las organizaciones de manera individualizada.
El encuentro con CC.OO., según han apuntado los portavoces sindicales en declaraciones a Europa Press, será el primero y está previsto para este viernes, a las 11.00 horas. A continuación, el lunes, se sucederán las citas entre el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, y los representantes de la CIG (a las 10.00 horas), UGT (12.00 horas) y CSIF (13.00 horas).
El anteproyecto de ley de empleo público de Galicia consta de 226 artículos y de ahí el tiempo transcurrido desde el primer contacto entre la consellería y las centrales sindicales --fueron convocados el 12 de abril con la titular de Facenda, Elena Muñoz, y en un primer momento las partes se dieron quince días para la presentación de propuestas--.
CIG
De hecho, la CIG ha presentado más de 200 alegaciones y la coordinadora de área pública de la central nacionalista, Carme López Santamariña, ha destacado que comienzan por el propio título de la norma. "No tiene nada que ver con una propuesta real para la creación de empleo público como tal, sino que es una 'nueva ley gallega de función pública' o, en todo caso, actualización de la ley de la función pública gallega", resalta.
Esta organización rechaza el texto en su totalidad al entender que "introduce nuevos recortes de derechos y afianza el control, la centralización y la uniformización a todas las administraciones gallegas, facilitando así la reorganización, eliminación o modificación de las mismas al arbitrio del político de turno".
El documento es "perfectamente adecuado para impulsar el desmantelamiento de los servicios públicos y caminar hacia una administración totalmente digital", advierte. En ella, según censura la CIG, "desaparecerá la necesaria independencia de los empleados públicos en el desarrollo de sus tareas para convertirse el sistema de promoción profesional en un sistema de captación de personal donde primarán intereses ajenos a los puramente profesionales".
Así, y aún "consciente de la escasa voluntad negociadora que manifiesta la Xunta", el sindicato ha presentado más de dos centenares de alegaciones entre los que Carme López Santamariña resalta cuatro cuestiones.
En primer lugar, en cuanto al personal directivo, llama la atención sobre que "la falta de definición legal de los criterios de idoneidad introduce un factor de arbitrariedad". En segundo término, sobre la carrera profesional y el nuevo sistema de retribuciones, señala que "pasa a depender de una evaluación interna" en órganos en que "no está presente la representación sindical" y sobre la base de "principios absolutamente subjetivos".
Respecto a la lengua gallega, la central nacionalista cree que "se debería aprovechar este proyecto de ley para impulsar la normalización de la lengua gallega dentro de las administraciones públicas". Por último, reitera su rechazo al plus de altos cargos, que, incide, procede suprimir mediante la ley.
UGT
Por su parte, UGT, que ve "adecuado a nivel técnico" el anteproyecto, ha registrado alegaciones para "mejorarlo" y en rechazo de algunos aspectos. Así, y pese a oponerse a la fórmula del personal directivo, aboga por negociar "determinadas materias que afectan a este personal" y apuesta por la inclusión del acceso a dicha condición por los empleados públicos.
Para el representante de la federación de servicios públicos del sindicato, José Vázquez, "uno de los retos" de la norma, "sin duda", será "el desarrollo de un nuevo modelo retributivo que el anteproyecto se limita a enunciar", así como el de la carrera profesional, "ligada a competencia y el compromiso con la organización".
"Exigimos garantías retributivas de naturaleza individual que no mermen la capacidad económica de los empleados con el nuevo desarrollo", subraya, antes de reclamar, asimismo, "garantías para los posibles afectados" de la reasignación de efectivos con movilidades forzosas.
Esta central también rechaza el plus de altos cargos y pide "eliminar la pretensión de vocación permanente de modificaciones recientes como la reducción salarial durante la incapacidad temporal". "Ya que obedecieron a situaciones de crisis y así se justificaron", recalca.
De esta forma, considera "necesario restituir derechos que se perdieron desde el inicio de la crisis y que afectaron a diferentes ámbitos", y cita, junto al campo retributivo, el de permisos y vacaciones.
En la perspectiva de la negociación colectiva, UGT solicita "configurar un ámbito negociador" de las universidades y crear una mesa de negociación de las administraciones públicas que incluya a la representación de las entidades locales. CSIF
Uno de los representantes de CSI-CSIF, José Brunete, ha destacado que entre las alegaciones presentadas por esta formación aparece la de incluir cláusulas de revisión salarial y recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, "igual que se mantiene el plus de altos cargos".
Además, reclama que el personal directivo se elija dentro de la propia administración. "No puede ser gente de la calle, aunque sea solamente en los entes instrumentales", ha defendido y ha indicado que varias de sus consideraciones se refieren a la propia carrera profesional de los empleados públicos, que consideran que "no se contempla adecuadamente".
También reclama este sindicato que se establezca la conversión en personal funcionario de "todo el personal laboral", pues consideran que no es lógico que haya diferentes categorías para desempeñar una misma función.
El documento de CSIF, de unas 50 páginas, pretende que la ley sea "del empleo público, pero también de los empleados públicos, los de ahora y los del futuro", ha reivindicado Brunete.
Entre las propuestas de este sindicato están que el personal de administración y servicios de las universidades quede excluido de las disposiciones sobre carrera profesional y complementos retributivos.
También plantea que el personal de confianza tenga un puesto no permanente y limitado a dos legislaturas y que sólo pueden disponer de estos cargos los miembros del Consello de la Xunta; en las Diputaciones, el presidente; y en los ayuntamientos, el alcalde. Además, no podrán desarrollar sus funciones en entes instrumentales.
CC.OO.
Por parte de CC.OO., el responsable de Administración autonómica, Ramiro Otero, ha comentado que el sindicato tiene un documento de alegaciones "avanzado pero sin cerrar".
Así, y como vio "prematuro" enviar este martes propuestas para que sea la Xunta quien diga "estas son las que valen y estas no", acudirá a la entrevista del viernes con el ánimo de abrir un proceso negociador "real".
Otero ha criticado que, más allá del traslado del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el anteproyecto de ley del empleo público de Galicia supone la "escenificación propagandística" del Gobierno gallego "anunciando una serie de modificaciones sustanciales" que, a su juicio, quedarán "un poco más en humo que otra cosa".
Así las cosas, y tras lamentar el "desprecio" a los empleados públicos por el "retraso importante" en la normativa --el EBEP es de 2007--, CC.OO. exigirá "que la negociación sea global y conjunta, no individualizada".
Por ello, demandará un calendario "con plazos determinados" y habla de negociaciones de entre un mes y mes y medio. En cuanto a los puntos más polémicos, alude a la regulación de la carrera profesional.
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