Contas avisa de que se actúa tarde ante las faltas urbanísticas en el litoral, aunque el 90% son de reposición de la legalidad

Actualizado: miércoles, 29 julio 2009 20:51

El órgano fiscalizador ve "un atraso importante" en la resolución de expedientes y "falta de comunicación" entre Xunta y ayuntamientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Contas alerta de que los ayuntamientos de la franja del litoral actúan tarde ante las infracciones urbanísticas y de que la "mayoría" de los expedientes se abren una vez que el hecho constitutivo de falta "ya está finalizado", pese a que más del 90 por ciento de los expedientes iniciados en 2005 --último ejercicio fiscalizado-- fueron de reposición de la legalidad.

Así lo recoge el informe presentado hoy por el órgano fiscalizador, que analiza la gestión urbanística de un total de 58 ayuntamientos ubicados en la franja del litoral gallego y en el que se detecta "un importante atraso en la detección de los hechos infractores".

En total, los municipios consultados reconocieron la apertura de 1.562 expedientes por infracción urbanística. En 603 casos, el ayuntamiento actuó de oficio y en 686, a través de una denuncia realizada por terceros. En las 273 actuaciones restantes, no se pudo identificar "fidedignamente" la forma de inicio de expediente.

Sobre el "aparente equilibrio" entre las aperturas de oficio y por denuncia, Contas avisa de que no se traslada a la totalidad de las entidades locales. Así, en el ayuntamiento de Noia (A Coruña), se iniciaron 90 expedientes por denuncia frente a uno de oficio, mientras que en Cambados (Pontevedra), por ejemplo, se abrieron 76 de oficio y tan sólo 6 por una denuncia previa.

El órgano fiscalizador pone de manifiesto, además, la reticencia de los ayuntamientos a la hora de identificar el objeto de inicio del expediente y señala que sólo 31 de los consultados aportaron "documentación suficiente" para hacerlo. Así, en 753 de los 1.562 expedientes iniciados no consta si el acto denunciado contaba o no con licencia y si, en el caso de disponer de ella, se "adecuaba" a la misma.

Eso sí, en el caso de los expedientes que sí pudieron identificarse, los casos de infracciones que no cuentan con licencia superan "en más del doble" a los que no se "adecuan" a su contenido por lo que el Consello de Contas interpreta que la obtención de una licencia "corrige posibles irregularidades".

"ATRASO" EN LA RESOLUCIÓN

Según el informe del Consello de Contas, del total de expedientes iniciados en 2005, se habían resuelto --con fecha de julio de 2007-- un total de 572, el 40,4 por ciento de los tramitados como reposición a la legalidad. Los "pendientes" o que no consta su situación son 844 (59,6 por ciento) y representan "la mayoría" de los abiertos como de reposición de la legalidad.

A la vista de estos datos, el órgano fiscalizador denuncia el "importante atraso" en la resolución de los expedientes. Asimismo, alerta de la necesidad de "reforzar" el personal cualificado para realizar labores de disciplina urbanística. "Los ayuntamientos deben disponer de unidades administrativas específicas de urbanismo", aconseja el informe.

Asimismo, apuesta por incrementar el "reducido intercambio de información" entre Xunta y ayuntamientos con el fin de "diligenciar" posteriores actuaciones de ambas administraciones sobre posibles infracciones ya que, en los casos registrados en 2005, "no se pudo constatar" que se realizase un seguimiento de los expedientes de reposición por parte de un organismo "cuando la instrucción le correspondió a otro".

PXOM NO ADAPTADO A LA LEY

En la línea, el informe ratifica la existencia de un importante número de ayuntamientos sin el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) adaptado a la Ley del Suelo, lo que da lugar "a complejas situaciones de carácter técnico y jurídico".

La "mayor parte" de los 58 ayuntamientos analizados utilizaban las normas subsidiarias del planeamiento como instrumento urbanístico y 48 --85,71 por ciento-- se encontraban en la fase de aprobación incial del planeamiento general "o en alguna anterior".

"Todo esto implica una limitada capacidad de los ayuntamientos para desarrollar con normalidad sus funciones urbanísticas", avisa el órgano fiscalizador y recomienda a las entidades locales adecuar "con urgencia" su planeamiento a la legalidad vigente.