SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consello da Avogacía de Galicia, José Antonio López Graña, exigió hoy que el nuevo Estatuto de Galicia recoja el derecho y deber de conocer y usar el gallego para que, de esta forma, su utilización "deje de ser, tan sólo, un mérito" y consideró que "corre cierto peligro".
Durante su comparecencia en la Comisión de Estudo para a Reforma do Estatuto, López Graña subrayó que su organización "no está satisfecha" con el estatus actual del idioma. En este sentido, puntualizó que, aunque Galicia sea bilingüe, el gallego está en "desventaja".
Así, puntualizó que en el campo del derecho "no goza de preferencias". "¿De que vale utilizar el gallego si un juez no lo entiende?. Es como hablar hacia una pared y es muy triste tener que utilizar un intérprete en tu país", indicó.
Por ello, consideró que "tiene que convertirse en una exigencia" el derecho a saber hablar, escribir y usar el gallego. "Ahora es un mérito conocerlo, pero tiene que ser un requisito", dijo sobre la situación actual del idioma.
De esta forma, apostó por promover el estudio del gallego en la enseñanza, principalmente, en sus primeras etapas, "Sin olvidar ni el castellano ni el inglés", puntualizó. Asimismo, reclamó que los funcionarios tienen que saber hablar y escribir "correctamente" este idioma. "Aunque la normativa sea compleja, para eso están las escuelas", agregó.
También realizó una "crítica seria" a las provincias y a las diputaciones, porque consideró que "ya hay demasiadas administraciones", y mostró una "simpatía extraordinaria" por las comarcas. López Graña se mostró partidario, al igual que los notarios, de un Consello Xudicial de Galicia que tenga competencias en demarcación judicial y en la creación de más juzgados, "porque los que hay son escasos", apuntó.
Además, reclamó el desarrollo de "todas aquellas competencias" que permitan a los gallegos "desarrollar" su vida "en todos los campos de la sociedad", especialmente, en el "desarrollo y mejora del derecho gallego". Una petición en la que coincidieron el resto de los comparecientes; el Seminario Galego de Educación para a Paz, la Federación de Confrarías y la Organización profesional de Mexilloeiros de Galicia (Opmega).
COMPETENCIAS EN PUERTOS
Estas dos últimas entidades solicitaron competencias exclusivas en los puertos de Galicia, incluidos los puertos de interés general, de refugio y deportivos. El gerente de Opmega, Manuel Franco Leis, destacó la "conflictividad" existente en el sector del mejillón, porque mientras que la actividad es competencia de la Xunta, el espacio donde se realiza esta actividad -fundamentalmente las rías de Vigo, Arousa y Pontevedra- es del Estado.
En este sentido, criticó que la Administración central estudió establecer un canon por utilizar las aguas gallegas y reclamó que el nuevo Estatuto recoja esta competencia para que haya "más sensibilidad y proximidad" con esta actividad. "Las autoridades estatales no entienden la importancia que el sector tiene para Galicia y hay una gran falta de sensibilidad y de visión de lo que el mejillón supone para esta comunidad", apuntó.
También el presidente de la Federación Galega de Confrarías, Evaristo Lareo, reclamó la transferencia a Galicia de la pesca en el litoral, entendiendo éste como la Plataforma Continental, para tener competencia en los caladeros de pesca y en los establecimientos de acuicultura y parques comunitarios de marisqueo, así como en aguas exteriores e interiores.
Tanto las cofradías como Opmega también reclamaron la presencia de Galicia en los foros internacionales en los que se aborden cuestiones relacionadas con la pesca. Una reclamación que, el Consello da Avogacía Galega y el Seminario Galego de Educación para a Paz hicieron extensiva a las demás materias en las que Galicia tiene una implicación "directa".
NACIÓN Y LENGUA
Asimismo, las entidades comparecientes coincidieron en que Galicia no tenga una "definición con rango inferior" al de las comunidades con mayor nivel de competencias, como Euskadi y Cataluña. En este sentido, Manuel Dios, presidente del Seminario Galego de Educación para a paz, reclamó el término nación en el nuevo Estatuto, pero no sólo para el preámbulo, sino para el articulado. "El ordenamiento vigente tiene que equiparar a Galicia con Euskadi y Cataluña y no se puede tolerar que se nos degrade con respecto a estas comunidades", apuntó.
"Esta definición no nos corresponde hacerla a nosotros, pero no rechazamos el término nación para Galicia si esto supone que tendrá el máximo nivel de competencias e identidad que las autonomías que ya disfruten de ellas", agregó el presidente del Consello da Avogacía Galega. "Galicia no debe tener una definición de rango inferior a Cataluña o Euskadi", agregó Evaristo Lareo.
Todos los comparecientes, a excepción de Opmega que no se quiso pronunciar sobre estas cuestiones, también reclamaron que se incrementen las medidas de protección del gallego, así como su actual estatus. En este sentido, Manuel Dios recordó que el gallego es el idioma oficial de Galicia y todos tienen que tener el "derecho y el deber" de conocerlo y usarlo.
Por otra parte, a pesar de que la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) estaba citada a comparecer hoy y había confirmado su presencia, finalmente no acudió ningún representante. Al respecto, el presidente de la comisión, Francisco Cerviño, destacó que no dieron "ninguna explicación" sobre su ausencia.