SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno local de Santiago autorizó hoy el uso de la vía pública por la rampa construida para el acceso a la nueva sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la zona de Vista Alegre, en la capital gallega.
Así, a propuesta de la concejal de Rehabilitación y Ciudad Histórica, Socorro García, hoy se dio permiso a la ocupación de 14 metros cuadrados de superficie de la calle Salvadas, 0,75 metros longitudinales, con la rampa-escalera de acceso al edificio --ya construida desde hace varias semanas--.
Según detalló hoy el Ayuntamiento compostelano, la eficacia de esta autorización queda "condicionada a la legalización urbanística de las modificaciones efectuadas por la SGAE sobre la obra proyectada".
La rampa-escalera será propiedad del Ayuntamiento de Santiago, aunque os desperfectos ocasionados en esta y en el viario como consecuencia de su utilización serán responsabilidad de la SGAE. La Administración local podrá suspender con carácter temporal y por razones de tráfico, obras u otras circunstancias extraordinarias la utilización de esta rampa.
Según la Concejalía de Rehabilitación, la construcción de este elemento era "la única solución" para garantizar el derecho de la plena accesibilidad por el portal principal para todas las personas en igualdad de condiciones.
CRÍTICAS DEL PP
El concejal del Grupo Municipal Popular, Ángel Espadas, calificó de "error" la medida adoptada hoy por el gobierno municipal de legalizar la ocupación de la vía pública por parte de la SGAE. Considera que con este tipo de actuación, el gobierno municipal está creando un precedente "peligroso" del que pueden tomar nota "todos los que incumplan la normativa urbanística".
Espadas hizo hoy estas declaraciones tras conocer la decisión adoptada por la Junta de Gobierno local por la que se legalizó la "infracción" cometida por la promotora de este edificio situado en el Parque de Vista Alegre. Asimismo, reprochó al equipo de gobierno que "no se entere de lo que ocurre en Santiago hasta que lo denuncia el Grupo popular o los vecinos"
Para el concejal, el control urbanístico de estas actuaciones debería ser "escrupuloso para evitar que construcciones singulares como esta, valorada en 10 millones de euros y ubicada en un terreno público, causen la alarma social generada en este caso".
Al mismo tiempo, llamó la atención sobre las formas adoptadas por el Gobierno local porque, según dijo, olvida el expediente de disciplina urbanística, así como la aplicación de la sanción, y procede la legalización de una obra ilegal. Así, demandó que se le cobre a la SGAE una multa por infracción urbanística, "igual" que se hace con los vecinos que no cumplen con la legalidad.