Alega que los hechos investigados pueden dar lugar a un delito continuado de cohecho en el caso del presidente de la Diputación
PONTEVEDRA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Mixto Número 2 de Cambados ha acordado seguir el proceso por supuestas irregularidades en el alquiler y compra de inmuebles por parte del presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa y diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera Varela.
Según ha comunicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este viernes, el juzgado ha decidido "incoar procedimiento ante el tribunal del jurado" en esta causa para seguir el proceso tras la petición de archivo.
Las mismas fuentes judiciales explican que en el auto en que les comunica la decisión, el juez responde que "no ha lugar al archivo de la causa" solicitado en noviembre por los dos primeros imputados.
También en el auto se indica que el resultado de las diligencias de averiguación realizadas permiten sostener que "los hechos investigados podrían dar lugar a un delito de cohecho impropio" en el caso del diputado provincial y a un delito continuado de cohecho en el caso del presidente de la Diputación de Pontevedra y su esposa.
PROCESO
La decisión del juzgado de Cambados se produce tras haber admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, su esposa y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera Varela, que ya habían sido citados a declarar como imputados.
Fiscalía presentó la querella tras investigar, a raíz de una denuncia anónima, posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos propiedad de Louzán y su esposa en la calle de As Teixugueiras, en el barrio vigués de Navia, a su compañero de partido y en la Diputación de Pontevedra.
Cuando Fiscalía decidió la presentación de una querella, el fiscal especializado en delitos económicos había avanzado que ésta incluiría la petición expresa al juez de que citase a declarar a Louzán y a Reguera como imputados, tal y como hizo el instructor de la causa.
Louzán había comparecido a mediados de marzo del año pasado ante el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, en relación a esta causa. Tras su comparecencia había dicho públicamente que "en principio está todo en orden" y que se trata de "una contratación reglada que se hizo a través de una asesoría de Pontevedra", que fijó los precios a pagar por el alquiler a partir de un estudio de mercado.
