Política Territorial atribuye a un "malentendido" la oposición vecinal a la reforma de la carretera PO-531

PONTEVEDRA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Política Territorial en Pontevedra, Isabel Domínguez, atribuyó hoy a un "malentendido" la oposición vecinal al proyecto de reforma de la carretera PO-531 a su paso por el término municipal de Barro.

"No se trata de ningún desdoblamiento de este vial", dijo, sino de "la ampliación de la capacidad de la carretera de Vilagarcía, a lo largo de los 8,9 kilómetros que separan Pontevedra de Curro", en Barro, punto donde finalizará la futura circunvalación de la ciudad.

Según los datos aportados por la delegada, la PO-531 es una vía saturada de tráfico, con una densidad superior a los 20.000 vehículos al día. De ellos, más de 11.000 corresponden a tráfico pesado -- camiones--.

Así, Isabel Domínguez señaló que ante el desarrollo de los polígonos industriales de Barro-Meis, y la previsión de que ese incremento de tráfico pesado "va a producirse en breve", la consellería "se plantea la necesidad de acometer una obra de ampliación de capacidad" en el sentido de dotar a esa carretera de zonas de adelantamiento para esos vehículos pesados, mejorar las intersecciones, construir algunas glorietas, e isletas de cambio de sentido.

En definitiva, justificó la obra con razones de mejora de capacidad, así como de seguridad vial y siniestralidad. "No está previsto cerrarla al tráfico, se prevén absolutamente todos los enlaces de los caminos existentes, los servicios, la comunicación a través de los pasos subterráneos o elevados", comentó.

"El proyecto de mejora no requería de exposición pública pero cuando los técnicos nos presentaron el proyecto, al ver la gran afectación que existe, la consellería decidió ponerlo a información pública para poder recoger todas las alegaciones y sugerencias de todos los afectados", afirmó la delegada de Política Territorial.

El proyecto, que se encuentra en exposición pública tras ser aprobado de forma provisional en noviembre, obligará a la Consellería de Política Territorial a efectuar un plan de expropiaciones que incluye más de 30 edificaciones, 11 de ellas viviendas, y unas 700 fincas.