El BNG blande un informe de Contas que alerta sobre su impacto en presupuestos futuros y el PSdeG cree que "raya en la ilegalidad"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz en materia de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Santalices, ha justificado este martes el recurso a la fórmula de financiación público-privada en que "no existe ninguna alternativa" para construir proyectos sanitarios --que "son muy costosos"-- en un momento como el actual de caída de los ingresos públicos y de reducción de la deuda de las autonomías. Pese a ello, ha aceptado consultar con el Consello de Contas los "límites" a este recurso.
Ante el pleno del Parlamento, a raíz de una proposición no de ley impulsada por la diputada del BNG Ana Luisa Bouza para fijar límites a este recurso, Santalices destacó entre las ventajas de esta fórmula de colaboración que "se empieza a pagar cuando te dan las llaves", que es "más rápido" en la construcción y que "no computa como deuda pública".
Frente a esto, Bouza resaltó que "no se sabe qué canon" habrá que pagar a la empresa constructora del Hospital de Vigo ni "durante cuánto tiempo", de modo que no se conoce la diferencia de coste con el método tradicional.
Además, indicó que este sistema "puede afectar a la sostenibilidad" de las cuentas de la comunidad, debido a los compromisos de pago futuros. Así, aunque aceptó que podría ser "útil" en ciclos expansivos en los que el presupuesto crece, tildó de "irresponsable" hacerlo cuando las cuentas disminuyen cada año y no dejan margen para afrontar el pago.
En todo caso, después que la nacionalista se hiciese eco de un informe del Consello de Contas que alerta sobre la "falta de evaluación exacta" de su influencia en los presupuestos futuros, el diputado popular admitió que "las generaciones futuras pagarán una parte" de las infraestructuras pero "disfrutarán su calidad". De lo contrario, pagarán "los intereses" de una obra "obsoleta", subrayó.
FIJAR "LÍMITES"
Para reforzar el recurso a esta fórmula de gestión, incidió en que el bipartito "también la exploró" y que otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Andalucía y Cataluña, la utilizaron. Así, rechazó que sea una "privatización" y, dado su "respeto" a las recomendaciones del Consello de Contas, se comprometió a "pedir consejo" a este órgano consultivo sobre "los límites" en su uso.
A pesar de ello, el PP no apoyará la iniciativa, cuya votación se sustanciará este miércoles, ya que la nacionalista también pide que no se construya un nuevo Hospital en Pontevedra --y se vuelva al proyecto de ampliación de Montecelo-- y que se solicite al Estado una normativa "clara" de control del recurso a las fórmulas de pago aplazado.
"DETENER LAS OBRAS"
Para la representante socialista en el debate, Carmen Acuña, "no es ninguna novedad" que el recurso a la colaboración público-privada "pone en peligro la sostenibilidad del sistema financiero", toda vez que comunidades como Madrid y Valencia ya la rechazan y también el Reino Unido.
"Esta fórmula es un tremendo error, las obras deben detenerse", reclamó, convencida de que el sistema resulta "más caro" porque las empresas buscan "beneficios" en sus negocios. "Y ya que no se construyen casas, se hacen hospitales", comparó.
Además, a su juicio, "raya en la ilegalidad", porque incumple "la Ley de Contratos de Galicia, la Ley de Salud de Galicia y el Estatuto Marco del Personal Sanitario". A esta lista de normativas sumó "la Constitución", que establece que el gasto público se debe programar en base a criterios de "eficiencia" y el pago aplazado no se ajusta a este estándar.
TRANSPORTE SANITARIO
Por otra parte, en la sesión plenaria de este martes se debatió una iniciativa sobre el transporte sanitario a la que, previsiblemente, se opondrá el PP en el momento de la votación. Y es que los socialistas, con el apoyo del BNG, reclaman a la Xunta que "garantice el servicio de transporte sanitario urgente con la misma calidad del servicio y tiempo de respuesta en toda Galicia".
Todo ello, después de un "recorte" en las ambulancias nocturnas de las localidades pontevedresas de Marín, Baiona, Ponteareas y Vigo y en Foz (Lugo). "Y sin ningún criterio que lo fundamente", denunció Modesto Pose, quien aprovechó para censurar que la Xunta denomine a esta supresión "optimización de recursos".
Además, señaló que el ahorro logrado es "una miseria" en comparación con el "impacto" y la "desprotección" que crea entre la población de esas zonas. Frente a ello, reflexionó sobre la reducción del transporte ordinario, que "consume más recursos" y no atiende "eventualidades".
Por su banda, Ana Luisa Bouza alertó de que el decreto por el que se suprimen ambulancias permite "otros recortes aún no ejecutados", por lo que opinó que la Consellería de Sanidade "no se quedará sólo en el transporte urgente". Todo ello, pese a que Galicia tenía, antes de esta medida, "tres veces menos" ambulancias de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, subrayó.
Enfrente, la diputada del PP Ángeles Díaz Pardo aseguró que "se mantiene la calidad de servicio y los tiempos de respuesta" y destacó que se logra un ahorro actuando con "una responsabilidad que los gallegos valoran" frente al "despilfarro" de épocas anteriores.
Tras afirmar que se decidió en base a un informe del 061, precisó que "se adaptó lo existente a lo realmente utilizado" y contrapuso esta política con la contratación de ambulancias del bipartito, "cuestionada por el Consello de Contas". "Actuaban al tuntún sin conocimiento de la realidad y con una gestión alegre de los recursos públicos", criticó.
