Cuestionan que se marque un porcentaje concreto de reserva para vivienda pública
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los representantes municipales que han participado este jueves en la comisión parlamentaria para elaborar una nueva ley del suelo han coincidido en reivindicar una mayor autonomía de los municipios en la toma de decisiones sobre urbanismo --con la excepción del representante del Ayuntamiento de Pontevedra-- y varios de ellos han reclamado que la tramitación de los planes generales se simplifique más estableciendo un único informe de la Xunta.
La comisión ha acogido las comparecencias de representantes de un ayuntamiento urbano, uno mediano y uno rural, designados por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), así como la del concejal de Infraestruturas de Pontevedra, Cesáreo Mosquera.
Los representantes de los municipios urbanos e intermedios han coincidido en pedir que la nueva ley establezca un único informe de la administración autonómica, con el fin de evitar que los ayuntamientos deban pedir a cada uno de los organismos que se tienen que pronunciar --en ocasiones más de uno por consellería-- sus correspondientes documentos.
Así, se han pronunciado a favor de la simplificación de los trámites para que los municipios puedan contar con planeamientos en menor tiempo que actualmente --la Xunta ha citado un informe que sitúa la media por encima de los seis años, pero algunos integrantes y comparecientes la elevan hasta los 10-- y han reclamado también "una mayor corresponsabilidad" de los ayuntamientos en materia de urbanismo.
En este aspecto, el representante de las ciudades designado por la Fegamp para la comisión, el concejal de Urbanismo de A Coruña, Martín Fernández Prado (PPdeG), ha apostado un sistema "flexible" que permita adaptar los planes ya aprobados a las necesidades y la "delegación" de algunas decisiones. Por parte de los municipios medianos, el alcalde de Culleredo (A Coruña), Julio Sacristán (PSdeG), ha pedido que se permita que las modificaciones puntuales "sean mucho más ágiles" y no sea necesario repetir la tramitación. Además, ha defendido que "todas las licencias las tiene que dar el ayuntamiento".
En nombre de los ayuntamientos rurales, el alcalde de Allariz (Ourense), Francisco García (BNG), ha advertido de que los cambios en suelo rústico y su caracterización como "lo que no es apto" para desarrollos urbanísticos "abren vías de agua" en las políticas aplicadas en municipios como el suyo para preservar el valor del territorio y permiten la "desregulación" en este tipo de terrenos. Se ha mostrado favorable a cierta "tutela", pero ha reclamado que cada ayuntamiento tenga autonomía para adaptar los planes a su realidad.
Sin embargo, el concejal de Infraestruturas de Pontevedra ha reivindicado que las competencias estén "claras", no que sean mayores para los ayuntamientos. "Que sean las que tengan que ser", ha dicho y ha considerado que la Xunta quiere ejercer sus competencias en la materia, pero a través de otras administraciones y, por ello, se producen choques.
VIVIENDA PÚBLICA
Asimismo, los representantes de las ciudades y los municipios intermedios han cuestionado que la reserva de un porcentaje concreto de suelo para vivienda pública sea una solución para el problema de acceso a la misma y tanto Fernández Prado como Sacristán han apuntado que este aspecto no depende solo del urbanismo y que se ve influido por situaciones como la actual dificultad para acceder al crédito.
En algunos casos, han añadido, se suma que el precio de la vivienda libre es menor al de la protegida. Por su parte, Francisco García, que ha defendido la vivienda pública, ha apostado por que exista un "marco" en la legislación y después cada plan general fije sus requisitos.
CONSENSO
El representante de los ayuntamientos intermedios ha hecho una crítica del "compendio normativo" de los últimos años, con hasta diez modificaciones de la ley, que no han contribuido a proteger el territorio, a acceder a una vivienda digna o a facilitar los planes urbanísticos municipales, ha sostenido. Así, ha asegurado que este es "el momento idóneo" para, "aplicando el sentido común y cediendo todos un poco", lograr hacer "algo distinto a lo hecho hasta ahora".
Por ello, ha pedido a los grupos "altura de miras" para conseguir una "ley atemporal". Mantener la misma dinámica llevará "al desastre", ha avisado.
Por su parte, Fernández Prado, en nombre de los ayuntamientos urbanos, ha llamado la atención acerca de que actualmente aprobar un plan general para un municipio es "un via crucis" y ha apostado por "una mayor simplificación" que la que se propone por parte del Gobierno gallego.
Asimismo, ha destacado que la crisis ha provocado que en algunos casos haya edificios que han quedado "a medio hacer" por la quiebra de las empresas y se ha quejado de que los ayuntamientos no tienen "armas" o son "muy burocráticas" para tomar medidas al respecto. Por ello, ha pedido mecanismos para intervenir si hay "riesgo para el ciudadano" por el estado de la estructura o la presencia de andamios. También ha sugerido que aparezcan en la nueva ley "con mayor rotundidad el concepto de renovación urbana" y la rehabilitación.
LOS GRUPOS
Los grupos de la oposición han coincidido al criticar que el texto presentado por la Xunta no contenga una memoria previa que analice la situación. La representante del BNG, Ana Pontón, ha hecho hincapié en que la elaboración de una nueva ley debería partir de "una reflexión sobre lo que no ha funcionado" y ha considerado que el nuevo texto "no solo no mejora, sino que empeora" la norma.
Por su parte, el portavoz de AGE en el debate, Antón Sánchez, ha asegurado que el texto tiene "deficiencias jurídicas" y ha instado a debatir primero "el modelo" de urbanismo que quiere Galicia para luego desarrollar los artículos.
El representante del PSdeG, Xosé Sánchez Bugallo, ha destacado la necesidad de simplificar los trámites para aprobar los planes municipales y ha respaldado la propuesta de "coordinar informes" en la administración.
En nombre del PPdeG, Román Rodríguez ha apostado por dar "más protagonismo" a los ayuntamientos y ha sostenido que "cuanta más autonomía e implicación en el urbanismo", será "mejor". Asimismo, se ha mostrado de acuerdo con el informe único de la Xunta y ha sugerido que ocurra lo mismo con los trámites estatales.
