Actualizado 17/12/2013 21:34 CET

Xunta, Fiscalía y Poder Judicial firman un convenio para extender la mediación familiar intrajudicial en Lugo

CONVENIO DE COLABORACION DE CXPX Y EL MINISTERIO FISCAL. ALFONSO RUEDA BEATRIZ M
EP/XUNTA

LUGO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Xunta, Ministerio Fiscal y Consejo General del Poder Judicial han firmado un convenio han firmado un convenio de colaboración para la implantación de un programa de mediación familiar intrajudicial en Lugo.

En el acto han participado el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, el fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato.

Este programa, con la firma del convenio en Lugo este miércoles, ya tiene implantación en las cuatro provincias gallegas, dado que se ha puesto en marcha ya en Santiago, Ourense y Vigo.

En el acto, la conselleira Beatriz Mato hizo hincapié en que este proyecto se desarrolla en la Comunidad desde el 2009 y presta apoyo a las familias que atraviesan un momento difícil, de conflicto o de ruptura.

"Es un programa que actúa en aquellas situaciones en que se dio comienzo al proceso judicial. Su objetivo no es otro que ofrecer una resolución a los conflictos por la vía del diálogo y por la vía del consenso, y contribuye a aminorar los costes emocionales que las familias sufren en este tipo de situaciones", ha destacado.

Asimismo, ha concretado que hasta el momento se ha concluido con acuerdo un total de 133 mediaciones en los juzgados de Ourense, Santiago y Vigo, esto es, el 54 por ciento de las 250 mediaciones que se llevaron a cabo. Concretamente, la mediación judicial funciona en Santiago desde el año 2009, en Ourense desde 2011 y en Vigo, desde finales del pasado año, con la colaboración de la Universidad viguesa.

SERVICIO MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

El servicio de mediación intrajudicial --la que se lleva a cabo cuando el proceso judicial ya está iniciado-- puede ser solicitado por cualquiera de las partes, aunque en la práctica es el juez quien, en la mayoría de las ocasiones, decide derivar los casos susceptibles a un acuerdo.

Constituye un recurso totalmente gratuito y su aceptación es voluntaria. En el caso de que ambas partes acepten acogerse a este programa, contarán con asesoramiento neutral y cualificado de profesionales del derecho y de la psicología, que actuarán como mediadores en el conflicto.

La intervención de estos profesionales buscará siempre promover un acuerdo duradero que sea aceptado por dos miembros de la pareja y que, posteriormente, sólo necesitaría ser ratificado judicialmente.