SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia aprobó hoy por unanimidad de los tres grupos una proposición no de ley, de autoría del BNG pero transacionada con el PSdeG, en la que se insta a la Xunta a solicitar al Gobierno central que defienda un trato a la tripulación de acuerdo a la convención de la ONU de 1982 sobre Derecho del Mar en caso de apresamientos como el ocurrido en Australia con el 'Taruman', con cuatro marineros gallegos.
El BNG presentó esta proposición no de ley por el trato "vejatorio e inhumano" que sufrió la tripulación del pesquero 'Taruman', cuatro de ellos gallegos, por parte de las autoridades australianas, tras ser apresado el 6 de septiembre de 2005 este buque en aguas internacionales acusado de pesca ilegal.
El portavoz de Pesca del BNG, Bieito Lobeira, denunció la "particular odisea" de esta tripulación que primero fueron internados en un campo de inmigrantes ilegales y, al cabo de unos días, el capitán y patrón --ambos gallegos-- fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad, "donde recibieron todo tipo de presiones por parte de la policía australiana para que aceptaran los cargos que se le imputaban".
En ese centro penitenciario permanecieron durante dos semanas. Tras el pago de la fianza, fueron puestos en libertad en Sydney, con la prohibición expresa de salir de la ciudad y la obligación de presentarse todas las semanas en la comisaría de la Policía.
Después de once meses en Australia, el juicio no demuestra la pesca ilegal pero se aplica un precepto legal australiano que afirma que, de darse la sospecha sobre un barco que pueda cometer una ilegalidad en sus aguas, inmediatamente pasa a ser la embarcación propiedad del gobierno australiano.
De este modo, los dos marineros gallegos fueron condenados a pagar una multa de 55.000 dólares cada uno (30.000 euros), quedando el barco y la mercancía incautado por las autoridades en aplicación de este marco legal.
Ante esta situación, los tres grupos parlamentarios coincidieron en asegurar que lo "lógico" sería que fueran juzgados por el Tribunal Internacional con base en Hamburgo y reclamaron que, en esto casos y siempre bajo la "indiscutible defensa" de los principios de lucha contra la pesca ilegal, el Gobierno central exija la aplicación en todos los foros internacionales de la Convención de las Naciones Unidades sobre el Derecho del Mar, ratificada por los estados español y australiano.
