SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno gallego autorizó hoy la interposición de un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) con respecto al decreto estatal sobre la ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca (FEP).
Así lo confirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que decidió el pasado 26 de noviembre formular un requerimiento de incompetencia al Estado por considerar que este decreto excluye de las aportaciones del FEP a más de 4.000 embarcaciones gallegas de pesca en aguas interiores.
Según alegó en su momento, el decreto califica "indebidamente" como pesca marítima materias que son propias de "ordenación del sector pesquero", de modo que "vulnera" lo dispuesto en la propia Ley de Pesca Marítima del Estado y también las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de la comunidad.
Ante la respuesta del Gobierno central, que defiende la "constitucionalidad" del decreto, Núñez Feijóo lamentó que no haya sido "posible" llegar a un acuerdo y reafirmó el compromiso de la Xunta con la defensa del autogobierno. Por último, subrayó que la pretensión de su Ejecutivo es que el TC "restituya la legalidad y la propia Ley de Pesca Marítima del Estado".
Éste no es el primer conflicto de este tipo que la Xunta lleva al Tribunal Constitucional. De hecho, sólo en diciembre de 2009 presentó sendos recursos contra una convocatoria de subvenciones destinada a la integración de inmigrantes y las ayudas del Estado concedidas a patrimonio natural y política forestal.
REQUERIMIENTOS DE INCOMPETENCIAS
Por otro lado, la Xunta ha planteado al Gobierno central un total de siete requerimientos en lo que va de legislatura, el último de ellos relacionado con una convocatoria de ayudas para jóvenes desempleados.
Otros que fueron objeto de este tipo de aviso son un decreto estatal de ordenación del sector pesquero, una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, el decreto impulsado por la gestión de residuos de actividades mineras, el presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Asimismo, se formuló otro contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes y uno más la resolución para conceder ayudas a entidades y ONG que realicen actividades privadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad, que desembocaron en los mencionados conflictos positivos por invasión de competencias.
