Afectados por la presunta estafa de Lujo Casa ratifican que Carlos García Roldán les dio plazos que nunca se cumplieron

Publicado 08/03/2019 15:44:26CET
EUROPA PRESS

Sostienen que el promotor de Lujo Casa comenzó a hacerles ofertas "extrañas" cuando ya tenían que haber empezado las obras

PALMA DE MALLORCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 afectados por la presunta estafa de Lujo Casa y Mallorca Investment han declarado este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, en calidad de testigos, y han ratificado que el promotor inmobiliario de Lujo Casa, Carlos García Roldán, les dio fechas y plazos para la construcción de viviendas que finalmente nunca se cumplieron.

Todos ellos son parejas jóvenes que pagaron una reserva por viviendas que supuestamente iban a construirse en el Pont d'Inca. Los afectados han explicado ante el juez cómo conocieron las promociones de Lujo Casa por Internet, incluso a través de grandes portales inmobiliarios populares.

También han explicado con qué personas de Lujo Casa y Mallorca Investment tuvieron contacto, mayoritariamente con una comercial y con el principal investigado, Carlos García Roldán -que actualmente se encuentra encarcelado en una prisión colombiana-.

No tuvieron mucho trato con el socio de García Roldán, Michele Pilato, encargado de Mallorca Investment, al que sí vieron por las oficinas con cierta frecuencia. Con todo, han detallado que el material corporativo que se les entregó -que han traído a la declaración- llevaba el logo de Mallorca Investment y en algunos casos también el de Lujo Casa.

RELATAN SU EXPERIENCIA

En declaraciones a Europa Press, los testigos han contado que abonaron cantidades por el 10 por ciento del valor de la vivienda en concepto de reserva, alrededor de los 26.000 euros en algunos casos, aunque han matizado que otros afectados llegaron a pagar un porcentaje superior. Después, tendrían que pagar otro 20 por ciento cuando comenzase la construcción, pero ese momento nunca llegó.

Según esta versión, García Roldán se ofrecía incluso a ayudarles con la venta de su apartamento actual para que pudieran disponer del dinero, y por este motivo algunos afectados se han quedado sin vivienda propia y han tenido que recurrir a convivir con sus padres o suegros.

Los afectados han señalado que, en un principio, no desconfiaron de la empresa porque no tenían motivos para ello. Las oficinas les transmitieron una imagen de solvencia y de "confianza", habían visto carteles de las promociones por la ciudad y García Roldán tenía una actitud "tranquila".

Además, al presentarles el contrato de reserva, el documento incluía referencias catastrales y planos, lo que reforzó su creencia de que la empresa estaba en disposición de construir en aquellos terrenos, y en varios casos García les aseguró que ya tenía solicitada la licencia de obras.

Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y los plazos no se cumplían, varios afectados se pusieron en contacto con ayuntamientos y constructores y comprobaron que no se había avanzado y que la promotora no tenía los terrenos. De hecho, a través de los funcionarios municipales que les atendieron supieron que había multitud de personas llamando por el mismo motivo, y comenzaron a intuir que algo no marchaba bien.

SE ORGANIZARON EN UN GRUPO DE WHATSAPP

Siguiendo con el relato de los perjudicados, en este punto, uno de los afectados aprovechó que la comercial investigada les había enviado hacía tiempo un correo electrónico grupal en el que no había ocultado las direcciones del resto de destinatarios. Así, los afectados se pusieron en contacto entre sí y formaron un grupo de WhatsApp en el que constataron que todos se encontraban en la misma situación. También coincidieron físicamente en las oficinas cuando acudieron para protestar.

Este grupo de WhatsApp llegó a tener más de 200 participantes, y en un momento dado sospecharon que un empleado de Carlos García se había infiltrado en él haciéndose pasar por un cliente más para mantener informado a su superior de lo que se hablaba en el chat, puesto que éste "se enteraba de todo". De hecho, han relatado que el investigado contestó por e-mail a algunos comentarios vertidos en esas conversaciones.

Posteriormente, cuando ya tenían que haber comenzado las obras, García Roldán les hizo ofertas "extrañas", por ejemplo, les animó a pagar un extra de 10.000 euros a cambio de rebajarles 20.000 euros en el precio final. Ninguno aceptó y entonces el investigado admitió que la promoción no iba bien y les informó de que buscaría socios.

Un afectado se presentó en las oficinas de Lujo Casa y exigió a García que le devolviera el dinero que había adelantado, a lo que éste le contestó que ya no lo tenía. En el grupo se fue acrecentando el enfado y según algunos testigos, en aquella época Pilato les intentó convencer de que no denunciaran a García Roldán.

Los testigos también han señalado que poco antes de que este asunto "explotara", el investigado abrió una página web "muy básica" en la que resaltaba la solidez de sus productos y se defendía de quienes le acusaban de "cosas raras", pero a los pocos días la dio de baja.

Cuando el sospechoso presumiblemente ya había dejado el país, varios de los afectados se personaron en las oficinas, donde los empleados les indicaron que García no se encontraba allí. Les daban cita para semana siguiente y después se la anulaban el día anterior, según han contado.

A pesar de la detención de García Roldán y de la instrucción del proceso, los afectados han manifestado que no tienen esperanzas de recuperar su dinero.

EL SOCIO DE CARLOS GARCÍA PODRÍA SALIR DE LA CÁRCEL BAJO FIANZA

Fuentes próximas al entorno de Michele Pilato han confirmado que podrá salir de la cárcel, donde se encuentra en situación de prisión provisional, si abona una fianza de 300.000 euros, que de momento no ha podido reunir. Igualmente, otro de los investigados, el maestro de obras, podrá abandonar la cárcel bajo una fianza de 15.000 euros.

En cuanto a Carlos García Roldán, permanece ingresado en una cárcel de Colombia después de que fuera detenido el pasado febrero tras huir de España a raíz de las investigaciones abiertas. Actualmente se está a la espera de su extradición.

Al país se habían desplazado agentes de la Guardia Civil de Baleares siguiendo la pista del fugitivo. En agosto, el Instituto Armado llevó a cabo una operación con seis registros en Palma y dos en Barcelona. Hay unos 200 afectados.