Agentes recuerdan nervioso a un acusado de tener un criadero ilegal de tortugas: "O no entendía o no quería entender"

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han recordado muy nervioso a uno de los acusados de tener un criadero ilegal de tortugas de especies amenazadas en Llucmajor cuando se hizo un registro en junio de 2018.

"O no entendía o no quería entender", ha señalado uno de los agente en referencia al acusado, de origen alemán, y que se sienta en el banquillo junto a su pareja y al propietario de una tienda de reptiles en Barcelona.

El juicio arrancó el pasado lunes y ha seguido este jueves con la declaración de varios agentes de la Guardia Civil que participaron en varios registros y otras diligencias.

Otro agente ha insistido en que el acusado mostraba una "actitud de disgusto" y que se quejaba de que la persona que estaba asistiendo como intérprete no estaba realizando correctamente su función. "No estaba ni cómodo ni colaborador", ha añadido, aunque sí que ha reconocido que este comportamiento cambió al ver la magnitud de los hechos y el gran número de ejemplares. "Con el paso de las horas entendió que o colaboraba o aquello se iba a alargar mucho en el tiempo. Se le tuvo que explicar que no correspondía un comportamiento que no fuera el correcto", ha explicado.

ENVÍO DESDE BARCELONA

Otro agente ha recordado que fue a raíz de, meses antes, interceptar un paquete con ocho tortugas dirigidas a los acusados en medio de una operación contra el tráfico de animales protegidos, cuando se dio con el supuesto criadero ilegal.

Aquellos animales procedían de la tienda de animales de Barcelona regentada por el tercer acusado, que aseguró que se los había enviado por amistad y sin constar ningún tipo de registro del envío. Entonces se supo que sobre el ciudadano alemán acusaba pesaban algunos hechos anteriores relacionados igualmente con tortugas.

Los agentes que han declarado este miércoles han coincidido a preguntas de la defensa de la pareja, a grandes rasgos, en que la situación y el estado de las tortugas en el momento de las entradas y registro eran correctos, aunque uno sí que ha recordado que vio algún ejemplar muerto.

Uno de ellos ha recordado que llamó la atención, en todo caso, ver cubetas llenas de ejemplares a pleno sol. "Pensé que ese agua estaría calentándose a tope", ha apuntado.

Durante la sesión de este jueves ha declarado una persona que tasó la finca en la que la pareja estaba de alquiler y que al parecer tenían la intención de comprar. Lo ha hecho en relación, además, a una cesión de unas tortugas que el había tenido en casa desde que hizo la primera comunión. Según ha apuntado, la pareja en ningún momento le comentó que fueran criadores profesionales o que se dedicaran a la compraventa de ejemplares.

LOS HECHOS

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una pareja acusada de tener un criadero de tortugas de especies amenazadas en una finca en Llucmajor y de venderlas a través del propietario de una tienda de reptiles, que también se sienta en el banquillo.

La Fiscalía pide que la pareja sea condenada a cinco años y medio de prisión cada uno y, el tercer acusado, a una pena de dos años. También reclama que abonen indemnizaciones que superan los 200.000 euros.

Según el escrito de acusación, en 2018 la pareja tenía en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas de especies protegidas y amenazadas.

En un registro en la finca por parte de agentes del Seprona de la Guardia Civil, se comprobó que los acusados tenían una importante logística destinada a la cría y reproducción de las tortugas. En este y otros registros, señala el escrito, se decomisaron más de 1.000 ejemplares.

La cuantía total de la valoración económica de las tortugas que tenían y de las crías que nacieron de los huevos decomisados asciende a medio millón de euros.

Las compras y ventas de los animales, según el Ministerio Fiscal, las llevaba a cabo el tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles en Barcelona. Esta persona, apunta el escrito, facilitaba las compras y ventas a terceros de estas especies protegidas y, en algunas ocasiones, adquirió él mismo tortugas.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la fauna, otro de contrabando y otro de blanqueo de capitales.