CCOO acusa a Cort de "favorecer el colapso" en las OAC al no permitir refuerzos durante el proceso de regularización

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha acusado al Ayuntamiento de Palma de "favorecer el colapso" en las oficinas de atención a la ciudadanía (OAC) al no permitir reforzar el servicio durante el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes.

El sindicato, en un comunicado, ha exigido a la administración que respete los criterios técnicos de organización del servicio y ha alertado del "elevado riesgo psicosocial" derivado de la sobrecarga y la falta de refuerzos.

Para la organización, es "inaceptable" que los responsables políticos "no aporten soluciones ni refuerzos" y, en cambio, sí "pretendan cuestionar las decisiones que los trabajadores han tomado para gestionar la seguridad, eficacia y eficiencia del servicio".

El sindicato ha asegurado que el sistema autoorganizado por los empleados el miércoles 15 de abril funcionó de forma correcta, pero fue "dinamitado por parte de los responsables políticos" al día siguiente, pues "no respetaron los criterios técnicos y negaron mejoras organizativas y refuerzos, favoreciendo la situación de colapso".

El pasado viernes, no obstante, el servicio adoptó nuevas medidas como el reparto de tiques de turno para organizar la demanda y evitar la tensión entre los usuarios o la organización de la cola de manera que se evitó que las personas esperaran al sol.

Son medidas que, para CCOO, demuestran que los trabajadores de las OAC de palma tienen la "capacidad y competencia" para llevar a cabo estas tareas de manera "eficaz y digna".

La organización sindical ha advertido que "no permitirá" que se ponga en riesgo ni la salud laboral de los trabajadores ni la dignidad de las personas usuarias de las OAC y que adoptará las medidas legales necesarias si no se garantizan de forma inmediata los refuerzos para que el servicio pueda ofrecerse "con recursos, responsabilidad y respeto".

Son varias las acusaciones que el Ayuntamiento de Palma ha recibido por parte de trabajadores, sindicatos, entidades sociales y partidos políticos por la supuestas trabas puestas al funcionamiento del proceso de regularización.

Los servicios sociales municipales no se encargan de tramitar las solicitudes de regularización, pero sí de expedir los certificados de vulnerabilidad que algunas personas migrantes necesitan para iniciar el proceso.