El Consell d'Eivissa inicia 262 expedientes por alquileres turísticos ilegales desde 2025

EIVISSA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa contra el Intrusismo del Consell d'Eivissa ha destacado que, desde enero de 2025, ha iniciado 262 expedientes sancionadores por alquileres turísticos ilegales, de los cuales 51 han sido calificados como muy graves, y se han ejecutado diez precintos, cuatro de ellos en trámite actualmente.

En cuanto a las sanciones, la recaudación llega a 1.069.341 euros en 2025 y a 1.085.458 euros en 2024 frente a 77.672 euros recaudados en 2016. La Mesa se ha reunido este jueves con las principales plataformas de alojamiento turístico, efectivos policiales y patronales, entre otros.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha destacado que este trabajo conjunto está dando resultados en la lucha contra el intrusismo puesto que Eivissa dispone de un sistema de control más eficaz que hace unos años, capaz de detectar y actuar en cuestión de horas ante la oferta ilegal.

En el encuentro, según ha informado el Consell en un comunicado, se ha realizado un balance y los datos aportados reflejan un escenario de estabilidad en el volumen de oferta ilegal en plataformas 'online' desde inicio de año.

Según el Consell, la evolución no responde a una menor presión, sino a un sistema de contención sostenido basado en la colaboración con las plataformas, la monitorización del mercado y la reducción de los plazos de actuación puesto que se bloquean anuncios en 48 horas tras su detección.

De cara a 2026, el Consell ha destacado el modelo de inspección digital como eje central de la estrategia, apostando por una temprana detección de los anuncios y una respuesta operativa más ágil.

En cuanto al registro único, el Consell ha trasladado a la Mesa las dificultades detectadas en su implantación, especialmente para la incorporación del alquiler de temporada en las plataformas turísticas.

PERFIL

En la reunión se ha destacado además que, en relación a los infractores, un 45 por ciento corresponde a propietarios que comercializaban directamente su vivienda, mientras que un 25 por ciento eran arrendatarios que ofrecían el inmueble, en un 60 por ciento de casos con conocimiento del propietario.

Además, por nacionalidad, un 52 por ciento de infractores era español y el resto procedía de países como Italia o Alemania.