PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Red por la Inclusión Social EAPN ha respondido este miércoles al Ayuntamiento de Palma, que envió una carta pidiendo a las entidades sociales que activen recursos asistenciales, que no disponen de recursos habitacionales propios para dar respuesta a las necesidades de los desalojados de la antigua prisión de Palma.
En una misiva de respuesta dirigida a la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, el presidente de EAPN, Xavier Torrens, ha añadido que el Ayuntamiento ya sabe que la red no dispone de recursos habitaciones, aunque entidades de la red ya hace tiempo a personas que viven en la instalación, a menudo, "supliendo carencias estructurales del sistema público".
Para EAPN, este conocimiento acumulado tendría que haber sido aprovechado mucho antes de llegar a una situación límite, al tiempo que han reprochado a Cort que no haya ejecutado una actuación progresiva ante una problemática que no es sobrevenida y que era previsible.
Según EAPN la carta del Ayuntamiento de Palma es la primera comunicación oficial recibida en relación a este asunto a pesar de ser una problemática conocida y persistente. "Nos resulta difícil de entender que no se haya activado ningún espacio de trabajo conjunto hasta ahora", ha indicado.
A juicio de la red, el Consejo Municipal de Servicios Sociales, que hace más de un año que no se reúne, es el órgano natural para abordar la problemática y "su inactividad ha impedido anticipar respuestas".
En su respuesta, la entidad cree que es "inexplicable" la urgencia con la que ahora se está actuando ante la enorme complejidad de realojar a más de 200 personas.
EAPN ha propuesto una actuación conjunta e inmediata entre el Ayuntamiento de Palma, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y el resto de administraciones competentes, con la participación activa de las entidades así como del tejido empresarial para poner a disposición de estas personas recursos de emergencia, como ya se hizo con los refugiados de Ucrania. "Solo una respuesta coordinada, con liderazgo institucional claro y recursos suficientes, puede evitar que este desalojo derive en una crisis social", ha advertido.
La red ha asegurado que aportará todo lo que pueda aportar, pero ha señalado como imprescindible que la administración asuma su papel de garante de los derechos de las personas y ofrezca soluciones reales, dignas y sostenibles.