Entidades advierten del "retroceso grave" que supone el endurecimiento del acceso a prestaciones sociales

Subrayan que convertir las ayudas sociales en un privilegio es "un giro ideológico peligroso" PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

EAPN Baleares y la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y a la Adolescencia Balear (Feiab) han rechazado "frontalmente" las medidas para endurecer el acceso a prestaciones públicas aprobadas esta semana en el Parlament con la ley ómnibus, entre ellas, la exigencia de tres años de residencia para poder acceder a la Renta Social Garantizada.

En un comunicado, estas entidades han advertido que estas modificaciones representan "un retroceso grave" en la garantía de los derechos sociales y en la protección de las personas más vulnerables.

"Convertir el acceso a ayudas básicas en un circuito de obstáculos penaliza la pobreza, estigmatiza a quienes ya sufren situaciones límite y rompe el principio de universalidad que tiene que guiar cualquier política pública de bienestar", han lamentado.

En este sentido, han subrayado que las prestaciones sociales no son privilegios, sino "mecanismos de cohesión y, en demasiadas ocasiones, de simple supervivencia".

A su entender, ante las cifras "inaceptables" de exclusión social de Baleares, restringir el acceso a las ayudas "contradice todas las evidencias y pone en riesgo miles de familias", especialmente aquellas en peor situación de vulnerabilidad.

Las dos entidades han reprobado unas palabras de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en las que afirmaba que no se puede "permitir" que haya menores "que vengan con la intención de vivir dos años tutelados, en muchos casos sin voluntad de integrarse ni de estudiar, solo para acceder a la renta de emancipación".

Estas palabras, han criticado, "no responden a la realidad" y "contribuyen a alimentar estereotipos, generar alarma social y señalar un colectivo especialmente vulnerable".

Así, han defendido que los menores migrantes no son "una amenaza ni un problema de seguridad" y que no saturan los servicios públicos. En este sentido, han recordado que son menores bajo la tutela de la Administración y que su protección es un deber legal y ético.

"Convertirlos en objeto de debate político o utilizarlos como ejemplo de abuso del sistema es totalmente contrario a la convivencia, la protección de la infancia y el respeto a los derechos humanos", han reprochado.

Igualmente, las entidades han advertido de que convertir las prestaciones sociales en un privilegio es "un giro ideológico peligroso" que rompe décadas de consenso sobre el derecho a la prestación social.

También han considerado que este cambio en el acceso a ayudas no es una cuestión de falta de recursos, argumentando que si no se hubiera bonificado el impuesto de sucesiones, las arcas públicas tendrían más de 1.000 millones de euros más.

Con todo, la Feiab y EAPN han reclamado una revisión inmediata de las medidas aprobadas y han invitado al Govern a trabajar de forma conjunta para "construir políticas basadas en datos, en derechos y en evidencias, no en percepciones y prejuicios".