PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha criticado este viernes la exención del catalán en la sanidad pública asegurando que "violenta la ley y deja indefensos a los ciudadanos".
En una carta pública, el departamento ha mostrado de este modo su apoyo a la petición que la Obra Cultural Balear (OCB) y el sindicato STEI han hecho para que se modifiquen las bases del proceso de estabilización del IB-Salud, así como a la convocatoria urgente del pleno del Consejo Social de la Lengua Catalana.
"Entendemos que esta medida supone un recorte de los derechos lingüísticos de los pacientes y que, además, crea desigualdades en el seno del personal de la Comunidad Autónoma por el hecho de que el requerimiento de demostrar la competencia no se aplica de manera igualitaria", señalan en el escrito.
El Departamento de Filología Catalana recuerda que el artículo 4 del Estatuto de Autonomía recoge que el catalán es la lengua propia de Baleares y que tiene carácter oficial y que fija la obligación que tienen las instituciones públicas de garantizar el uso normal del castellano y el catalán.
Al mismo tiempo, en declaraciones a Europa Press, el director del departamento, Jaume Guiscafré, ha explicado que "entendieron que como departamento tenían que decir algo".
Según ha señalado, a propuesta de varios integrantes se propuso un texto inicial que se fue "afinando" y que se presentó a todos los profesores del área para que expresaran su posición a favor o en contra. Todos los que contestaron, 19 de casi 30, se mostraron a favor, por lo que se ha publicado.
Para Guiscafré, una medida como esta implica 'de facto' que ciudadanos no puedan tener la oportunidad "de usar el catalán efectivamente en sus comunicaciones".
Según el director del departamento, además, otro hecho "denunciable" es que el Govern, o una parte de él, en referencia al PSIB, impulse medidas para que "se deje de utilizar el catalán" y no para que los funcionarios adquieran un cierto conocimiento para atender a los ciudadanos. "Entendemos que esto implica un recorte de los derechos lingüísticos de los ciudadanos", ha concluido.
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