El ministro Urtasun intercede para lograr el cambio de postura y Armengol retira el punto del orden del día de la Mesa del Congreso
PALMA/MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Gobierno central ha retirado finalmente el veto a la tramitación de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, deja vía libre para que pueda ser debatida en las próximas semanas.
Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la Presidencia del Congreso de los Diputados, el Gobierno ya ha hecho efectiva la retirada del veto. El documento con los argumentos, han indicado otras fuentes parlamentarias, no se prevé que se conozca hasta la tarde de este martes.
El diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, ha vinculado el cambio de postura del Ejecutivo central con la "presión" que su partido y Més per Menorca, impulsores del texto que fue aprobado hace unos meses en el Parlament, han ejercido desde el pasado jueves tanto en la Cámara Baja como en el Consejo de Ministros.
El ecosoberanista se ha mostrado satisfecho por este "paso adelante" y por el "peso" que, a su parecer, su formación ha demostrado tener en el Estado.
Fuentes de MÉS conocedoras de las negociaciones han confirmado a esta agencia de noticias que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), se ha involucrado personalmente en las presiones para que el Gobierno retirada el veto.
En concreto, han indicado desde la formación ecosoberanista, Urtasun se ha puesto en contacto con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (PSOE), para tratar de que el Gobierno reconsiderara su posición.
Por su parte, fuentes próximas a la Presidencia del Congreso que ostenta Francina Armengol han explicado que el veto ya ha sido retirado por el Gobierno y, por lo tanto, del orden del día de la reunión que la Mesa de la Cámara Baja mantendrá a las 17.30 horas de este martes.
En consecuencia, han añadido, la ley podrá seguir su recorrido por los cauces establecidos. Está previsto que sea en las próximas semanas cuando su toma en consideración pueda ser votada y debatida en el pleno y, de acuerdo con estas fuentes, tan solo recibirá el voto en contra del grupo parlamentario de Vox.
La cogestión de los aeropuertos de Baleares, han defendido desde la Presidencia de la Cámara Baja, es una medida "simbólica" tanto para la ciudadanía balear como para el PSIB, del que Armengol es secretaria general.
LA POSTURA DEL PP
Sobre la retirada del veto se ha pronunciado este martes el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha dado la "bienvenida" a esta rectificación.
Los 'populares', ha dicho, estaban sorprendidos por el hecho de que el Gobierno pretendiera "hurtar" a los ciudadanos de Baleares la posibilidad de debatir la cogestión de los aeropuertos del archipiélago.
Sagreras ha considerado que al Ejecutivo central "no le quedaba más remedio" que levantar este veto ante la mayoría del PP y Sumar en la Mesa del Congreso para dejarlo sin efecto. Ha sostenido que el hecho de que el Gobierno se haya visto "forzado a rectificar" supone, a la vez, que haya "acudido al rescate" de Armengol.
En una línea muy similar se ha expresado el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, quien ha celebrado que se haya levantado un veto que "podía acabar hurtando la capacidad de tener una mínima capacidad de decisiones sobre la puerta de entrada de los visitantes".
A la vez, Ginard ha criticado a los socialistas por abogar por el decrecimiento turístico en Baleares mientras desde Madrid "prevén inversiones que aumentan el número de turistas que pasan por el aeropuerto".
LOS DETALLES DEL VETO
Cabe recordar que el Gobierno se había opuesto a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
En un escrito registrado en el Congreso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales trasladaba su rechazo a la proposición de ley justificando una reducción de ingresos como consecuencia de la congelación de tarifas aeroportuarias y de una posible limitación del crecimiento del tráfico aéreo.
En concreto, indicaba que la aprobación de la ley tendría un "efecto directo" en las tarifas y el tráfico aéreo, con una repercusión económica "muy significativa" en la cuenta de resultados de Aena y, por ende, en los dividendos.
Ello, señalaba, supondría una merma en la partida de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, que debería compensarse a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes.
El Gobierno estimaba que, al no producirse el incremento del tráfico previsto en 2026 en los aeropuertos de las Islas (manteniendo los 47,2 millones de pasajeros de 2025 y no 49 millones), los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros.
Entre otros cálculos para justificar su oposición, la Secretaría de Estado subrayaba que si se mantiene la tarifa aeroportuaria media en la red de Aena de 2025, en lugar de la aprobada para 2026, se dejarían de ingresar 32,9 millones de euros.
Con todo, sostenía que la aprobación de la ley de cogestión aeroportuaria "es susceptible" de producir una disminución de ingresos que habría que compensar a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que produciría un aumento de los créditos en los PGE.