PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha trasladado al sector ganadero y a la ciudadanía un mensaje de serenidad respecto a la peste porcina africana (PPA) y ha recordado que tanto Baleares como en el conjunto del Estado tienen activados todos los mecanismos de vigilancia necesarios y disponen de las herramientas para actuar.
Desde la Dirección General de Agricultura, Pesca y Medio Natural han recordado que la peste porcina es una enfermedad que no afecta a las personas, ni por el contacto con animales ni por el consumo de carne o productos derivados.
El director general del ramo, Fernando Fernández, ha remarcado que las autoridades catalanas están realizando "una labor encomiable" y que, por ahora, el brote se circunscribe a la zona perimetrada inicialmente, solo en jabalíes.
"No hay ninguna explotación de porcino afectada y, cada día que pasa, la información que nos llega de Cataluña y del Ministerio refuerza estas ideas. No hay peste porcina en ninguna otra zona y, por supuesto, tampoco en Baleares", ha subrayado.
INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA
Entre los instrumentos con los que se cuenta para afrontar crisis sanitarias como la actual, según ha detallado Fernández, desde 2018 la Dirección General dispone de un plan de alertas de sanidad animal, que se revisa periódicamente.
En segundo lugar, a escala estatal, existe el Programa Nacional de Vigilancia de la Peste Porcina Africana que se modifica y se aprueba anualmente por el Ministerio y las comunidades autónomas en el seno del Comité Rasve, y establece el número de controles que deben aplicarse en cada territorio.
Así, según ha explicado Fernández, en estos momentos se está aplicando el plan establecido para el 2025. Además, la Dirección General ha elaborado un protocolo de actuación frente a la PPA, que es el que se aplica actualmente a raíz del brote detectado en Cataluña.
Cada año, como también en 2025, la Dirección General de Agricultura ha completado toda la vigilancia prevista en la normativa estatal.
En concreto, se han inspeccionado y muestreado siete explotaciones, que es el número asignado a Baleares según los criterios de riesgo epidemiológico fijados por el Ministerio, y se han analizado 673 muestras, recogidas una en marzo y otra en noviembre.
Todas las analíticas, incluidas las serologías que permiten detectar si ha habido anticuerpos y, por lo tanto, un contacto previo con el virus, han resultado negativas.
Este dispositivo de 2025 se enmarca en un seguimiento continuado que ha mantenido el territorio libre de la enfermedad durante los últimos años.
Igualmente, en 2023 ya se realizó en las Islas un muestreo intensivo que sumó 731 análisis, recogidos también en los periodos de máxima dispersión epidemiológica, que no mostraron ningún rastro de circulación del virus.
También en 2024 se mantuvo un nivel de vigilancia equiparable, con un volumen de muestras similar al de años anteriores y, nuevamente, con resultados negativos.
En total, más de 2.100 muestras analizadas en tres años confirman la solidez del sistema autonómico de vigilancia y su capacidad para detectar de forma precoz cualquier riesgo, ha destacado la Conselleria.
La situación epidemiológica europea, marcada por la detección reciente de un foco en Cataluña, ha hecho necesario reforzar este año el Protocolo Autonómico frente a la PPA.
Para elaborar este documento, la Dirección General tiene geolocalizadas todas las explotaciones de Baleares y, de acuerdo con un manual técnico elaborado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), identifica las explotaciones de mayor riesgo, actualiza las encuestas de bioseguridad, establece controles más estrictos sobre los movimientos de animales hacia Baleares y refuerza la revisión de todas las medidas de control.
También se intensifica la coordinación entre todos los servicios implicados y se definen con mayor precisión los circuitos de actuación en caso de sospecha.
Para Fernández, el conjunto de estas actuaciones demuestra que la respuesta frente a la PPA no es nueva ni improvisada. "Baleares se coordina en el marco de los programas estatales, hace lo que le corresponde y lleva años preparada", ha destacado.
Ante el brote en Cataluña, ha continuado el director general, se refuerza el dispositivo por prudencia y porque la situación epidemiológica europea así lo exige.
Ha recordado que todas las explotaciones tienen la responsabilidad y la obligación legal de disponer de planes de bioseguridad y de cumplir las medidas que estos mismos planes establecen.
No obstante, con la voluntad de facilitar su aplicación, el trabajo de la Dirección General es controlar y ayudar, pero también exigir su cumplimiento y, por ello, el protocolo de actuación prevé repetir las encuestas de bioseguridad en las explotaciones de mayor riesgo.
Esta encuesta es un documento que permite evaluar los puntos débiles de cada explotación para que cada cual aplique las medidas necesarias para corregirlos.