PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por un supuesto delito de odio que deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Baleares sigue pendiente de fecha más de un año después de que finalizara la instrucción y se decretara la apertura de juicio oral.
Lo ha confirmado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TJSIB), Carlos Gómez, al ser preguntado al respecto en la presentación de la memoria judicial de 2025.
El juicio contra el también líder de Vox Baleares, ha dicho, no está señalado. Tampoco hay fecha para la celebración de la vista preliminar para preparar el juicio.
Fue en febrero de 2025 cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante el pleno del Parlament en el que se debatía --por primera vez, puesto que ha habido una segunda-- la derogación de la ley de memoria democrática.
No obstante, la representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial.
El órgano judicial desestimó los recursos el pasado mes de junio y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo devino firme. Desde entonces, no obstante, la causa no ha avanzado.
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
Gómez, preguntado acerca de las largas colas a la hora de solicitar el certificado de vulnerabilidad que algunos migrantes necesitan para acogerse al procedimiento de regularización extraordinaria, ha confiado en que este "atasco" no se traducirá en una vulneración de derechos.
"Una vez superado esto, que no necesitan todos los migrantes, la tramitación es fácil porque se ha abierto la posibilidad de que se haga de forma telemática y se ha habilidad a muchas entidades", ha expuesto.
El magistrado ha circunscrito las problemáticas vistas en los primeros días a la "sorpresa" que se pudieron llevar algunos ayuntamientos al conocer que tendrían que tramitar los certificados de vulnerabilidad, puesto que en los primeros borradores del real decreto no se contemplaba.
"Las administraciones que están a cargo tal vez no se han preparado. Sería una pena que estas personas no pudieran regularizarse tal y como marca la ley, pero creo que sí podrán", ha confiado.
LA NUEVA CIUDAD DE LA JUSTICIA
Sobre la futura Ciudad de la Justicia de Palma, que previsiblemente será una realidad en entre siete y ocho años, el presidente del TSJIB ha detallado que el proyecto de redacción del plan parcial ya ha salido a concurso, pero todavía no se ha adjudicado.
"No tengo ni idea de cuanto tardarán. Como presidente seguro que no lo veré, y vivo no lo sé", ha apuntado. Los terrenos en los que se levantará la infraestructura, que están ubicados entre Son Hugo y Son Pardo y costaron unos 3,6 millones de euros, no son urbanizables y primero hay que realizar las tareas necesarias para que sí lo sean.
"Venimos pidiéndolo desde hace muchos años y está en camino, al menos nos da una perspectiva de futuro", ha subrayado Gómez, quien ha reconocido que en Palma es donde más "problemas de dimensiones" sufre la administración de Justicia en Baleares.
En Manacor, la construcción del nuevo edificio judicial ya está en marcha, pues las obras empezaron el pasado enero y tienen un plazo de ejecución de poco más de tres años.