PALMA DE MALLORCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Mallorca ha registrado este lunes en el Parlament una Proposición no de Ley en la que reclama al Gobierno central que se actualicen los datos poblacionales de Baleares que se emplean para repartir subvenciones.
Según ha explicado la diputada Joana Aina Campomar en un comunicado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya criticó a junio del 2019 "la carencia de criterios objetivos" en el reparto de muchas subvenciones estatales, que anualmente "pueden llegar a los 30.000 millones de euros" .
La Airef, ha señalado Campomar, destaca que en las diferentes conferencias sectoriales entre Gobierno estatal y Comunidades Autónomas "utilizan criterios arbitrarios y desfasados" y ha puesto como ejemplo la conferencia sectorial de vivienda en la cual el reparto se establece de acuerdo con criterios de población "que no se han revisado en 28 años".
En este contexto, la diputada ecosoberanista ha recordado que en el caso de los 600 millones de euros movilizados por el Estado para paliar el impacto de la crisis en el mercado del alquiler, "si no se modifica el criterio de reparto, se aplica un modelo que estableció la conferencia sectorial en 1992".
Según Campomar, ya ha pasado con los 200 millones de euros de fondos comprometidos y avanzados por el 2020 y 2021 a causa de la crisis de la Covid-19.
Para la diputada de MÉS, el modelo de reparto de los planes de vivienda, con ayudas y planes cuatrienales "ya era caduco antes de que el coronavirus lo cambiara todo".
Así, y atendiendo a que los criterios estatales no tienen en cuenta las variaciones demográficas de Baleares, que han incrementado su población en estos últimos 30 años "hace falta una corrección inmediata, ahora más que nunca".
Sobre todo, porque, ha indicado Campomar, no se tienen cuenta, en el caso de las ayudas de vivienda, las dificultades propias de cada mercado residencial, los precios del alquiler, la incidencia de los pisos turísticos o el esfuerzo financiero de las familias destinado al pago del alquiler.
Campomar ha apelado a que la carencia de acuerdo entre Gobierno y CCAA "no puede ser una excusa ni puede perjudicar a los residentes de Baleares".
Para la diputada, si se pueden aplicar criterios objetivos para unas ayudas, como las del ICO, también se tiene que hacer para el resto "implantando los mecanismos que haga falta".
Así, ha recordado que "gracias a las reivindicaciones de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago", Baleares recibirá 7,4 millones de euros en el caso del Fondo Social extraordinario de 300 millones de euros que el Estado distribuye entre las CCAA para hacer frente a las necesidades sociales provocadas por la crisis, en lugar de los 5,7 millones previstos inicialmente.
