Los municipios de Baleares deberán modificar un total de 142 normativas para adaptarse a la 'Directiva Bolkestein'

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Baleares deberán modificar un total de 142 normativas municipales para adaptarse a la Directiva Europea de Servicios --más conocida como 'Directiva Bolkestein'--, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, y que liberaliza la apertura de superficies comerciales, al tiempo que también simplifica la tramitación burocrática necesario para autorizarlas. Esto supone un 13% de las 1.062 ordenanzas existentes.

Esta es la principal conclusión elaborado por una consultora externa para la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (Felib) e impulsado desde el Centre Balears Europa, pionero en el Estado español, y destinado a identificar y evaluar la situación de las ordenanzas municipales de las islas respecto a la nueve legislación, que será traspuesta por la nueva Ley de Comercio autonómica, que se aprobará antes de final de año.

A la presentación del estudio, que estuvo presidida por la Consellera de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, y el presidente de la Felib, Joan Ferrà, acudieron también una treintena de alcaldes, ediles y otros cargos públicos de las islas interesados en conocer el alcance del esfuerzo de adaptación que será necesario realizar en los próximos meses para acatar los designios de la Unión Europea (UE).

Por su parte, Vives resaltó que los "impactos" que genere la 'Directiva Bolkestein' en la gestión municipal "no tienen por qué ser necesariamente negativos", ya que también "suponen una oportunidad única de cambio y modernización" para simplificar unos procesos que "frecuentemente están demasiado burocratizados", dando como resultado una "transformación de la administración en un organismo ágil al servicio del ciudadano", lo que "agradecerán" funcionarios y ciudadanos.

Concretamente, el estudio presentado hoy propone la eliminación de autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo de múltiples actividades, así como la retirada de determinados requisitos necesarios para la obtención de permisos de apertura y actividad compatibles con la nueva normativa europea. Y, finalmente, también la simplificación de procedimientos existentes para el desarrollo de actividades económicas.

El tipo de normativas municipales que se verán afectadas por los cambios son algunas de las que afectan a venta ambulante o mercados, policía y buen gobierno, convivencia ciudadana y publicidad. Mientras que se excluirán las relativas a cuestiones fiscales --como aquellas que regulan IBI, IAE, IVTM, etc.--, las que regulan las redes de comunicaciones electrónicas, así como transporte y servicios sociales.

HASTA OCHO MODIFICACIONES

Pero, cabe precisar, que el esfuerzo que deberán desarrollar las administraciones locales no será idéntico en todos los casos. Así, hay municipios que apenas deberán retocar una de sus normativas, mientras que otros se verán obligados a modificar hasta ocho, como es el caso del menorquín Alaior, mientras que en el ibicenco de Santa Antony de Portmany y en el mallorquín de Capdepera serán siete, y seis más en el caso del Consell de Formentera.

Por contra, no deberán modificar en ningún sentido sus ordenanzas los municipios de Algaida, Ariany, Artà, Búger, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Sant Joan y Selva, todos ellos en Mallorca.

60% DE AUTORIZACIONES ELIMINADAS

El estudio presentado hoy aún llega más allá, y propone la retirada de un total de 199 autorizaciones de las 302 que se contienen en las 142 ordenanzas que serán revisadas por los ayuntamientos de las islas, lo que supone el 60 por ciento del total; y entre las que se encuentran las que posibilitan desarrollar actividades musicales, industriales, artísticas en la vía pública, venta de bebidas y alimentos, entre otras.