PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Obra Cultural Balear (OCB) ha instado a 50 diputados del Congreso del Grupo Socialista y de Sumar a que se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario, que contempla la eliminación del requisito del catalán en la sanidad.
Según ha explicado la entidad este martes en una nota de prensa, la legitimación para que 50 parlamentarios puedan interponer un recurso de inconstitucionalidad se encuentra prevista al artículo 162.1.a) de la Constitución.
Por ello, la OCB ya ha iniciado las gestiones encaminadas a hacerlo posible y ha encontrado "buena receptividad" en el PSIB y MÉS per Mallorca.
El miembro de la junta directiva de la OCB Antoni Llabrés ha afirmado que "en el Decreto Ley 5/2023 concurren motivos de posible inconstitucionalidad" y la entidad ha considerado "imprescindible que el Tribunal Constitucional se pronuncie".
Por un lado, ha explicado, "porque no se encuentra suficientemente justificada la utilización de la figura del decreto ley, tal y como la prevé el artículo 49 del Estatut d'Autonomia de Baleares y que no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad".
Asimismo, ha defendido que "no se contiene una definición explícita y razonada de la situación, como exige la jurisprudencia constitucional, que pueda legitimar la actuación del Govern. Así, con la utilización del decreto ley "se sustituye el Parlament, obviando la tramitación de la norma con todas las garantías que comporta el trámite parlamentario".
Según la OCB, no se da tampoco lo que el Tribunal Constitucional denomina "conexión de sentido" entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que se adoptan en el Decreto Ley.
"No es cierto que la exigencia de conocimientos de lengua catalana suponga un problema para acceder a la función pública en el ámbito sanitario", han señalado. Así, han argumentado que "lo demuestra el hecho que en los actuales procesos de estabilización, en 38 de las 49 categorías de personal sanitario había más candidatos capacitados lingüísticamente en catalán que plazas ofertadas".
En este sentido, han considerado que "no está justificada la supresión del requisito con carácter universal, ni siquiera lo estaría, de hecho, para el resto de categorías y plazas, a las que se podría aplicar la moratoria de dos años".
Por el contrario, han criticado que ni el Govern ni la Conselleria de Salud "han sido capaces de constatar o aportar ningún dato sobre una eventual relación entre la exigencia de catalán y la carencia de profesionales sanitarios". "Una carencia no privativa del archipiélago, sino concurrente en todas las comunidades autónomas, también en aquellas que solo tienen el castellano como lengua oficial", han asegurado.
También han hecho referencia a que el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Baleares (Coiba), María José Sastre, han reiterado estos meses que la lengua catalana no representa ningún obstáculo para la incorporación de profesionales a la sanidad pública.
En este punto, la entidad ha asegurado que "el problema principal lo representa el coste elevado de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda en las Islas".
Por último, Llabrés ha indicado que el Decreto Ley "infringe también el artículo 49 del Estatut d'Autonomia que prescribe que la utilización de este tipo de iniciativa legislativa no puede afectar los derechos establecidos en este Estatut".
En esta línea, han asegurado que el contenido de este Decreto Ley afecta "directamente el ejercicio del derecho de opción lingüística previsto al artículo 14.3 del Estatut, que dispone que "los ciudadanos de Baleares tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquier de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada".
"Es evidente que la ausencia de un personal sanitario capacitado lingüísticamente impide que el ciudadano pueda hacer uso de este derecho en su interacción con la sanidad pública", han lamentado.
Asimismo, la OCB ha recordado que "un número elevadísimo de reclamaciones registradas en las Memorias de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos proceden de vulneraciones de los derechos lingüísticos de los ciudadanos producidas en el ámbito sanitario".
Finalmente, Llabrés ha añadido que el OCB "hará frente a todas las agresiones contra la lengua catalana y a los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Baleares perpetradas por el Govern del PP en ejecución de sus acuerdos con Vox". "No permitiremos dar pasos hacia atrás", ha concluido.
