La causa investiga la presunta malversación de 1,4 millones de euros con la adjudicación de contratos para la explotación de la emisora
PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calvià, acusación popular en el caso que investiga el presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de la emisora Ràdio Calvià, ha solicitado ante la jueza instructora del caso la imputación del alcalde, Manuel Onieva, y de su antecesor en el cargo y exconseller de Turismo del Govern, Carlos Delgado.
En un escrito de 33 páginas presentado ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, al que ha tenido acceso Europa Press, los querellantes basan su petición, entre otros motivos, en el hecho de que hasta 19 informes de la Guardia Civil, la totalidad de los aportados a la causa hasta el momento, apuntan a la comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos para la explotación de la emisora municipal.
La formación, representada en el procedimiento judicial por el abogado Pablo Alonso de Caso, subraya cómo el Instituto Armado concluye, tras una investigación pormenorizada que se ha prolongado durante más de un año, que "todos los expedientes estaban amañados y que el único fin de los mismos era el beneficio directo y exclusivo de los adjudicatarios, quienes actuaban en consorcio criminal con las autoridades municipales".
Y ello, recalca, porque "la voluntad de unos y de otros estaba aunada en la misma dirección: malversar dinero público, beneficiándose ellos, vulnerando sistemáticamente todas las normas de aplicación y con un claro uso, abuso y prevalencia de las funciones que las autoridades locales tenían asignadas".
Del mismo modo, los socialistas reclaman que también sean citados a declarar como imputados la responsable de Comunicación en el Consistorio María José Merino, su sucesora Antonia Pastrana, y el adjudicatario de los contratos Fernando López.
Los informes de la Guardia Civil inciden en la dinámica supuestamente delictiva desplegada por el Ayuntamiento de Calvià hasta el año 2011 a la hora de tramitar las contrataciones, y llegan a considerar a Delgado "responsable" de las "conductas punibles penalmente" cuya existencia sostienen los investigadores en el marco de este procedimiento judicial. En concreto, las pesquisas apuntan a la comisión de delitos de malversación, fraude y prevaricación.
Frente a ello, la defensa de Delgado y Merino presentó un escrito ante el Juzgado en el que consideran "políticas" las consideraciones efectuadas por los agentes, las cuales, "aún siendo muy respetables, son ajenas a la labor instructora e indagadora de conductas delictivas con carácter objetivo".
"AFÁN" DE LA GUARDIA CIVIL POR CONSIDERAR DELITO "CUALQUIER ANOMALÍA"
De hecho, el letrado que representa a ambos querellados, Antonio Monserrat, asevera en su escrito que del conjunto de conclusiones efectuadas por la Guardia Civil "se destila un afán y empecinamiento encomiables para considerar cualquier anomalía administrativa -por pequeña e insignificante que sea y tenga o no relevancia en la tramitación correcta de los expedientes-, como una acción buscada de propósito para delinquir".
"Esta asepsia pretendida por los agentes de que los expedientes administrativos han de tener una perfección absoluta, 'so pena' de incurrir en delito, está reñida con la realidad del quehacer diario del funcionariado y de la práctica administrativa en general de las Administraciones públicas", asevera la defensa, incidiendo en que las interpretaciones del Instituto Armado sobre la contratación pública "distan mucho de las que podrían considerarse efectuadas por cualquier funcionario interviniente en la tramitación de tales expedientes".
El documento hace hincapié en que "basta su lectura" para apreciar que las conclusiones de los informes "están plagadas de suposiciones, prejuicios y sospechas, todo ello proscrito en Derecho Penal, y que incluso denotan una cierta paranoia investigativa", ya que "de ser mínimamente cierto todo ello, implicaría la complicidad o coautoría de prácticamente toda la Administración municipal durante un periodo prolongado en el tiempo, cosa absolutamente inverosímil".
Así, entre algunas de las consideraciones vertidas en los dictámenes de la Benemérita, el letrado rebate el hecho de que los agentes "se extrañen" de que la prórroga o duración de ciertos expedientes "sean por un tiempo determinado", concluyendo que ello "está buscado con el propósito de eludir normas de publicidad y concurrencia".
"Vaya por delante que toda prórroga, así como también lo señalan los propios agentes, es absolutamente legal, está prevista en los pliegos y además no precisa de ninguna explicación conforme a la Ley de Contratos", subraya la defensa, para la que "es del todo sorprendente y preocupante el desconocimiento administrativo puesto de manifiesto por los agentes" en algunos de los expedientes investigados.
Es más, abunda en que "provocan desconsuelo las severas y constantes afirmaciones que vierten en su informe los guardias civiles, implicando en supuestas falsedades al interventor y a la jefa de contratación".
DELGADO DEFIENDE QUE ACTUÓ CON EL VISTO BUENO DE LOS FUNCIONARIOS
Mientras tanto, el pasado mes de enero el abogado de Delgado presentó otro escrito en el que señalaba que éste actuó "siempre" con el visto bueno previo de los funcionarios encargados del control de la legalidad y de la ejecución de los contratos que se encuentran bajo lupa judicial.
En esta línea, alegaba que "lo único" que se infiere del análisis de los distintos expedientes de contratación investigados es que éstos "fueron correctos" y que la intervención de ambos estuvo precedida en todo momento por la aprobación de los funcionarios a la tramitación de los contratos.
Delgado dimitió como conseller el pasado 27 de diciembre arguyendo "motivos personales". En su intervención ante los medios, al ser preguntado sobre si la decisión se podría haber tomado raíz de las diligencias abiertas contra él por Ràdio Calvià, aseguró que no tiene "nada que ver". "A mí no me mueven estas cosas tan absurdas", llegó a espetar.
INICIO DE LAS INVESTIGACIONES
Cabe recordar que las diligencias fueron incoadas en virtud de la querella interpuesta por el Grupo Municipal Socialista de Calvià, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso. De hecho, la jueza instructora del caso apuntaba en un auto a la existencia de "sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito".
Según su resolución judicial, el objetivo de las irregularidades llevadas a cabo era "conseguir que la adjudicación a concretas personas predeterminadas" mientras que, además, en el marco de los procedimientos ya fraccionados "se habrían vulnerado también los criterios exigidos por la Ley con la misma espuria finalidad".
