Los Socialistas de Sóller piden la retirada definitiva de la concesión de Aqualia

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Sóller han asegurado este jueves haber conseguido la retirada del orden del día del pleno del Ayuntamiento del punto en el que se debía aprobar la prórroga de la concesión del contrato del servicio municipal de aguas a Aqualia por cinco años más y han aprovechado para reclamar la retirada definitiva de la concesión.

En un comunicado, el portavoz socialista y secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller, Jaume Mateu, ha asegurado que el expediente contenía deficiencias de forma, por lo que el equipo de gobierno ha decidido retirar su aprobación. "Es un retraso que permite ganar tiempo para frenar una prórroga que no es necesaria y de la que pedimos su retirada definitiva", ha defendido.

El socialista ha advertido de que el expediente de la concesión incluye "muchos argumentos" que no justifican una prórroga de cinco años, teniendo en cuenta que se trata de una concesión que no finaliza hasta 2030, en la próxima legislatura. Por ello, ha remarcado que su formación seguirá llevando a cabo todas las acciones legales que puedan "para evitar esta prórroga en la privatización y para que el agua de Sóller vuelva a ser pública".

En este sentido, ha argumentado que se trata de "una oportunidad histórica para remunicipalizar el agua de Sóller y blindarla como servicio público, en lugar de eternizarla en manos privadas como quiere el PP". Según su opinión, llama la atención que esta ampliación de la privatización "se quiera hacer cuando queda un año de legislatura, deprisa y con defectos de fondo y de forma, cuando la concesión no finaliza hasta dentro de cuatro años, por lo que se ha preguntado qué intereses hay detrás y por qué el PP tiene tanta prisa".

Además, ha recordado que el pleno del Ayuntamiento ya aprobó una moción socialista para que el servicio volviera a manos municipales una vez finalizado el contrato.

"Para la derecha, los servicios básicos deben estar en manos privadas porque los ven como un bien económico, mientras que para nosotros deben ser servicios públicos porque son fundamentales para el día a día de la ciudadanía y deben garantizarse priorizando el interés general y no los beneficios económicos", ha concluido Mateu.