Socias subraya que la ampliación del Puerto de Eivissa es "necesaria" por tráfico y por cumplimiento de la normativa

PALMA DE MALLORCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Ramon Socias, remarcó hoy la necesidad de que el Puerto de Eivissa se amplíe debido tanto al volumen de tráfico que tiene como para "cumplir con la normativa" de la Unión Europea. No obstante, se mostró hoy confiado en que la decisión que se adopte será "respetuosa" con la posibilidad de que Dalt Vila continúe siendo Patrimonio Mundial Cultural.

Después de que la Unesco exigiese ayer al Gobierno la paralización del proyecto de ampliación del puerto, Socias reiteró que la infraestructura necesita una ampliación tanto por el tráfico, como por seguridad y, así, adaptarse a la normativa europea puesta en marcha tras los atentados del 11-M, señaló en declaraciones a los periodistas tras la presentación del dispositivo de seguridad para verano.

Así, explicó que el puerto de la isla "no tiene límites" entre la ciudad y el recinto portuario -existen unas barreras de metacrilato- y que "lo ideal" sería "sacar el tráfico regular de pasajeros hacia la zona del Dic de Botafoc", ya que, según señaló, se trata de una zona más "segura, práctica y fácil de vigilar".

De esta manera, incidió en que "seremos capaces" de obtener un proyecto que conjugue la realización de esta ampliación por seguridad y el respeto a una imagen "tradicional y protegida".

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, resolvió ayer, ante las denuncias recibidas, remitir al Estado español la paralización del proyecto con la finalidad de "estudiar el impacto que puede tener sobre los bienes declarados, tanto por encontrarse en el entorno de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial Cultural, como por los efectos que puede tener la obra sobre la biodiversidad y las praderas de Posidonia oceánica", declaradas, también, patrimonio de la humanidad.

A través de un comunicado, el Comité expresó su preocupación por el hecho de que el Gobierno central "no ha remitido en ningún momento el proyecto a la Unesco para su estudio", de acuerdo con lo que recoge la convención para la conservación del patrimonio mundial en su artículo 172.

De esta forma, la Unesco da un plazo al Gobierno de hasta el 10 de febrero del próximo año para que remita un informe sobre el estado de conservación de los bienes declarados, para que éste sea examinado por el Comité Patrimonio Mundial en su próxima sesión, en la que expertos de Icomos y de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), órganos consultores de la Unesco, estudiarán su contenido.