Fomento podría eliminar el umbral de 30 millones de pasajeros y abrir la puerta de la cogestión al aeropuerto de Palma
SANTA CRUZ DE TENERIFE/PALMA DE MALLORCA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Aeropuerto de Madrid Barajas se encuentra entre los únicos siete aeródromos rentables de los 47 existentes en España, con un total de 50,8 millones de pasajeros, seguidos de Barcelona (30,2), el de Palma de Mallorca --Son Sant Joan-- (22,8), Málaga (12,8), Gran Canaria (10,2), Alicante (9,5), Tenerife Sur (8,2).
Sin embargo, la crisis económica está pasando factura a los aeropuertos españoles con una caída del tráfico aéreo y un retroceso en la llegada de turistas, que podría llevar al Ministerio de Fomento a eliminar el umbral de 30 millones de pasajeros para poder acceder a la cogestión, lo que abre de plano la puerta a Baleares para poder participar en la gestión del aeropuerto de Palma.
Este criterio, fijado por Fomento para cribar los aeropuertos que contarán con la participación de las comunidades en el nuevo modelo de gestión de AENA, únicamente permite la presencia autonómica en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Si bien el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió el verano pasado a que Baleares también entrara en la cogestión, el Gobierno seguía manteniendo entonces el umbral de 30 millones de pasajeros.
Sin embargo, la crisis ha desplomado la llegada aérea de turistas y el aeropuerto catalán cerró el año pasado con 30,2 millones de pasajeros, un 8,2 por ciento menos que en 2007, y todo apunta a que el 2009 no supere el listón fijado por Fomento, lo que sólo daría entrada a la Comunidad de Madrid en la cogestión de Barajas, un escenario que, según opinó el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Germà Bel, sería "ridículo y absurdo".
"En el caso que se establezca una participación territorial, es evidente que el umbral de los 30 millones va a cambiar, pues de lo contrario la hipotética participación regional sólo llegaría al aeropuerto de Barajas, lo que daría lugar a una situación ridícula", aseguró Bel en declaraciones a Europa Press.
En su opinión, dada la forma en que se han articulado los planes del Ministerio de Fomento, "parece mucho más establecido el propósito de privatizar parcialmente AENA que el de articular una posible participación regional en la gestión de los aeropuertos".
Así, la eliminación del umbral parece razonable si, como recordó por otra parte el responsable de UGT-AENA en Baleares, Emilio Quintana, mientras que en la intervención que realizó la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en el Consejo de Ministros extraordinario de 1 de agosto de 2008, ésta incidió en que se daría cabida a la cogestión en los aeropuertos con una gestión "especialmente compleja" y habló ampliamente del listón de "30 millones de pasajeros", en su intervención en la Comisión de Fomento del 16 de diciembre, última comparecencia de la ministra, "omitió por completo este último aspecto".
En declaraciones a Europa Press, opinó que Fomento es consciente de que si mantiene este requisito sólo Madrid-Barajas podría participar en la cogestión, lo cual daría lugar a una situación "imposible". El modelo de descentralización de AENA preveía en un primer borrador que la participación del Gobierno fuera del 51 por ciento, el capital privado se hiciera con el 30 por ciento y las comunidades con el 19 por ciento restante de los aeropuertos cogestionados. Desde Fomento declinaron informar si el borrador actual mantiene idéntico planteamiento.
Según Quintana, el umbral de 30 millones de pasajeros se escogió de manera completamente aleatoria para dar cabida tan sólo a El Prat y Barajas. Por ello, consideró "vital" que Baleares pueda también participar en la gestión de su principal aeropuerto, no sólo porque su condición insular hace que las conexiones aéreas sean un servicio público y, junto al barco, la única vía para desplazarse, sino porque el turismo, que llega masivamente en avión a las islas, representa más del 50 por ciento del PIB balear.
Baleares soporta un peso muy importante de población flotante, lo que conlleva una explotación intensiva de recursos y servicios que no siempre es sostenible. Resulta comprensible por tanto, remachó Quintana, que la Comunidad "quiera participar también en la gestión del aeropuerto".
En lo que no estuvo en absoluto de acuerdo es la entrada de capital privado, una posibilidad a la que los sindicatos se oponen al considerar que de esta manera se buscará la rentabilidad de los mismos y peligrarán los puestos de trabajo.
