Archivo - Acto de protesta por la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo
MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Justicia de México ha ordenado este miércoles la apertura de un juicio contra el exgobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre, quien lleva cinco días en prisión, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Un juez federal así lo ha decidido alegando un presunto delito de deaparición "forzada" durante una audiencia de cerca de 14 horas que ha tenido lugar en el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México.
Asimismo, ha ratificado la prisión preventiva para el exgobernador, quien permanecerá en el penal de Altiplano.
Durante la vista, la Fiscalía ha apuntado a que el exdirigente de Guerrero (2011-2014) ordenó ocultar grabaciones que constituían "información relevancia relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes", según recoge el diario 'El Sol de México'.
La defensa de Aguirre sostiene que no se ha podido demostrar que el exgobernador se encontrase en el lugar cuando ocurrieron los hechos, si bien el juez ha considerado insuficiente este argumento para acreditar su inocencia.
Los normalistas de Ayotzinapa fueron intercepatados la noche del 26 de septiembre por un grupo de policías locales de Iguala y Cocula junto a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, cuando se dirigían en autobús hacia Ciudad de México para participar en la movilización por la Masacre de Tlatelolco de 1968.
Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto defendió lo que dio a conocer como la 'verdad histórica', que apunta que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, en un intento por cerrar un caso que evidencia la connivencia del crimen organizado con algunas estructuras del Estado.
Asimismo, se sostuvo que sus cuerpos fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas al río San Juan. Sin embargo, investigaciones posteriores, incluida la del comisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desmontó esa versión y señaló la participación de la Policía Federal y el Ejército.
La principal hipótesis que se maneja relata que entre los autobuses del sistema público que fueron retenidos por los estudiantes para viajar a Ciudad de México uno contenía escondido un importante alijo de heroína. Sin saberlo, interrumpieron una importante operación de narcotráfico en una ciudad donde el gobierno municipal, la Policía y el crimen organizado actuaban bajo una misma cara.