AI acusa a militares y carabineros de "ataques generalizados" a manifestantes con la intención de "dañar"

Publicado 21/11/2019 14:01:38CET
Un carabinero sujeta a un manifestante en el marco de la ola de protestas en Chile contra el Gobierno de Sebastián Piñera
Un carabinero sujeta a un manifestante en el marco de la ola de protestas en Chile contra el Gobierno de Sebastián Piñera - Sebastian Brogca/Agencia Uno/dpa

La ONG ha documentado casos de torturas, incluida la violencia sexual, a manifestantes detenidos

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que las fuerzas de seguridad de Chile --militares y carabineros-- han llevado a cabo "ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva" contra manifestantes con la intención de "dañar" para disuadir las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera que comenzaron hace un mes y aún continúan.

La ONG ha presentado sus conclusiones tras una misión de investigación sobre las violaciones de los Derechos Humanos que se han cometido en el marco de la ola de protestas, que estallaron el 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escalaron para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional.

"La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes", ha afirmado la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Además, ha reprochado "a las autoridades bajo el mando del presidente, Sebastián Piñera", que "han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas", "en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de Derechos Humanos.

AI ha considerado que "las violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el 'modus operandi' llevado a cabo a lo largo de todo el país".

A este respecto, ha señalado que "el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión".

"Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial", ha reclamado la ONG, recordando que "la no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causa de responsabilidad penal individual, según el Derecho Internacional".

"USO LETAL DE LA FUERZA"

Unas 20 personas han muerto en este mes, entre ellas cinco cuyas muertes han sido atribuidas directamente a efectivos del Ejército y Carabineros por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Amnistía Internacional ha achacado cuatro muertos al Ejército y una a Carabineros.

La ONG ha destacado que en dos de estos casos se usó "armamento militar". En concreto, ha constatado el uso de "armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados", tal como fusiles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas, algo prohibido para la dispersión de protestas conforme a los estándares internacionales.

Amnistía Internacional ha mencionado el caso de Romario Veloz, ecuatoriano de 26 años, que murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una pequeña marcha en la ciudad de La Serena. "Romario estaba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos" cuando fue alcanzado por las balas.

Además, ha denunciado al "uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta. "Carabineros --y en menor medida el Ejército-- ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza".

También ha corroborado "el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes". AI ha precisado que se ha llegado a lanzar "a corta distancia y a través de lanzagranadas" provocando "lesiones severas, entre ellas oculares".

Asimismo, ha identificado "el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones".

TORTURAS Y VIOLENCIA SEXUAL

"Una de las formas más frecuentes de lesionar a los manifestantes", ha indicado la ONG, "ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura --un crimen de Derecho Internacional--, (...) incluyendo tortura sexual.

Amnistía Internacional ha recogido "un caso emblemático de tortura y malos tratos" en el que un grupo de doce carabineros atacaron a una persona --cuya identidad se ha mantenido en el anonimato-- "cuando se manifestaba pacíficamente con una sartén y una cuchara en la plaza Ñuñoa de Santiago". Lo golpearon "brutalmente" causándole la pérdida irreversible de la visión en un ojo, fractura nasal, luxación de un hombro y quiebre de tres costillas con lesión pulmonar.

Ha llamado la atención sobre los casos de violencia sexual. Hasta ahora, la Fiscalía ha registrado 12 denuncias por violación o abuso sexual a manos de fuerzas de seguridad, entre ellas la de Josué Maureira, que fue violado con un bastón cuando estaba bajo custodia policial. "Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto cortopunzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual", ha subrayado la ONG.

A ello se suma "la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminan por la calle". De esta manera, ha recordado la ONG, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano.

En términos generales, "carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente" tanto contra detenidos como contra manifestantes en la calle, incluidos niños y adolescentes "en situación de indefensión".

Para Amnistía Internacional, todo ello se agrava por el hecho de que "en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los Derechos Humanos y personal médico". A este respecto, ha aludido al caso de Jorge Ortiz, un funcionario del INDH que recibió seis perdigones en Santiago a pesar de que estaba "plenamente identificado". "Uno de los oficiales disparó contra Jorge sin ninguna razón y sin prestarle auxilio posterior", ha contado.

"La situación en Chile no puede seguir así", ha considerado Ana Piquer, directora ejecutiva de AI en Chile. "Las autoridades deben velar porque las personas defensoras de los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin ningún tipo de presión, amenaza ni represalia", ha exigido.

REFORMAS ESTRUCTURALES

Piquer ha enfatizado que, "lamentablemente, las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años".

Así las cosas, AI ha urgido a las autoridades chilenas a "cesar la represión dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción" y a los órganos de justicia, en particular, a "investigar la responsabilidad del mando en las violaciones de los Derechos Humanos".

"Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas", ha añadido, precisando que para ello "se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos" de todos los chilenos.

Ha reclamado en especial "una reforma seria y profunda de la Policía" y "un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva Constitución que proteja y promueva todos los Derechos Humanos.

"Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda", ha defendido Piquer.

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