Las autoridades de la región de Tigray dan por "colapsado" el acuerdo de paz de Etiopía

   MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

   Las autoridades de la región etíope de Tigray, en el norte de Etiopía, han dado por "colapsado" el acuerdo firmado en 2022 en Pretoria (Sudáfrica) con el Gobierno etíope, al que acusan de preparar la reanudación de uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente de África, que en solo dos años dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de estimaciones oficiales etíopes y un recuento de la Unión Africana.

   "Aunque Tigray ha hecho muchas cosas para implementar el Acuerdo de Paz de Pretoria, éste ha colapsado debido a los obstáculos y acciones destructivas creadas por el régimen", ha lamentado la nueva administración tigriña, en manos otra vez del Frente Popular para la Liberación de Tigray, la organización político-militar que se enfrentó al Ejército etíope y sus aliados en 2020.

   Tras el acuerdo de Pretoria, Tigray permaneció administrada temporalmente bajo un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país hasta el retorno del TPLF a principios del mes de mayo; el retorno de una autoridad que ha denunciado en innumerables ocasiones al Gobierno etíope y a su primer ministro, Abiy Ahmed, por incumplir los términos pactados en Pretoria y de mantener a la región en un estado de completa marginación.

   El Gobierno federal, por su parte, no ha reconocido a la administración reinstaurada y ha insistido en que la única autoridad vigente en la región es la Administración Regional Provisional de Tigray, establecida en virtud del Acuerdo de Pretoria, y ahora desplazada por el TPLF.

   El TPLF, en su comunicado de este sábado, acusa a Etiopía de alimentar la tensión desde hace meses, primero "difundiendo propaganda de odio contra Tigray a través de sus líderes y patrocinadores políticos y militares" para acabar con "ataques con aviones no tripulados, acercamientos militares y enfrentamientos directos".

   "Por lo tanto, no es sólo nuestro derecho moral y legal sino también nuestro deber fortalecer nuestra capacidad interna y nuestra autosuficiencia en todos los aspectos, ya sea para el diálogo pacífico o para luchar contra el desastre que se avecina", avisa el TPLF.

UNA CATÁSTROFE EN CIERNES

   El repunte de la tensión en Tigray ha sido denunciado en los últimos meses por la Unión Europea, Estados Unidos y numerosos organismos humanitarios. En enero, la UE ya denunció abiertamente el estallido de hostilidades en Tselemt, una localidad estratégica dentro de la disputada zona occidental de Tigray porque las milicias del vecino estado de Amhara, aliadas del Gobierno etíope, se han negado a retirarse de los territorios que se apropiaron durante el conflicto que estalló hace seis años.

   Un mes después, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su "profunda preocupación" ante los últimos acontecimientos mientras Etiopía, por su parte, negaba cualquier implicación en estos incidentes, y acusaba por contra a la vecina Eritrea de trabajar con una facción del TPLF para "lanzar una guerra" contra el país africano. Las autoridades de Eritrea tildaron de "farsa engañosa" las acusaciones de Etiopía y denunciaron un intento de "provocar una guerra" con declaraciones que comparó con un "ruido de sables".

   A ello se suma además una creciente disputa entre los dos vecinos en los últimos meses, ya que Etiopía ha expresado su deseo de asegurar el acceso al puerto de Assab, en el este de Eritrea. El puerto fue un pilar fundamental de la economía etíope hasta 1991, cuando Eritrea obtuvo su independencia y Etiopía quedó sin salida al mar. Actualmente, Etiopía canaliza aproximadamente el 90% de su comercio marítimo a través de Yibuti.

   A mediados del mes pasado, Estados Unidos acabó restringiendo visados para "los miembros más radicales" del TPLF así como a sus familiares directos por supuestamente obstaculizar el proceso de paz.

   Organizaciones especializadas en el seguimiento internacional de la situacion de los Derechos Humanos, como Human Rights Watch, han denunciado igualmente que las autoridades regionales de Tigray, han estado secuestrando y reclutando ilegalmente a civiles, incluidos niños de tan solo 15 años, desde al menos abril de 2026. HRW ha documentado al menos seis casos de reclutamiento forzoso, desmentidos categóricamente por las restituidas autoridades tigriñas.

   Absolutamente todas las partes en conflicto durante la guerra de 2020 y 2022 han sido acusadas por organismos humanitarios internacionales de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Una investigación de la ONU en septiembre de 2022 confirmó informes de "violaciones y violencia sexual generalizadas y extremas" por parte de todos los bandos en conflicto y que podrían haber afectado, como mínimo, a unas 120.000 mujeres.