La CSI alerta en un nuevo informe de que los trabajadores inmigrantes no están protegidos del despido ni se afilian a sindicatos
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un nuevo informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) alerta de los problemas existentes en el estado de Bahrein con respecto a la sindicalización, el derecho de huelga, la discriminación y el trabajo forzoso. El informe se dio a conocer hoy coincidiendo con la revisión de la política comercial de Bahrein que la OMC lleva a cabo desde hoy hasta el próximo viernes.
Según la CSI, Bahrein no ha ratificado ninguno de los dos convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales, aunque desde 2002 ha hecho algunos progresos.
Pese a todo, los trabajadores inmigrantes, que constituyen aproximadamente el 60 por ciento de la fuerza laboral del país, "no están protegidos por ley del despido si se afilian a sindicatos, debido a lo cual, casi nunca lo hacen".
"A los trabajadores del sector público se les sigue denegando el derecho de sindicación. Al menos a seis sindicatos del sector público se les deniega sistemáticamente la posibilidad de registrarse", recalca la CSI en este nuevo documento.
Otro de los motivos de preocupación para la CSI es la larga lista de sectores donde están prohibidas las huelgas. En noviembre de 2006, el gobierno alargó la lista ya existente de sectores donde están prohibidas las huelgas, agregando los hidrocarburos, la salud, la educación, las farmacias y panaderías a los sectores de seguridad, defensa civil, aeropuerto, puerto y transporte.
Bahrein tampoco ha ratificado el Convenio fundamental de la OIT sobre la igualdad de remuneración y los trabajadoras inmigrantes "continúan siendo objeto de grave discriminación en prácticamente todos los aspectos del empleo y carecen de una protección jurídica adecuada".
"A menudo se sabe que a trabajadoras domésticas extranjeras que viven en los domicilios de sus patrones y tienen poco acceso al mundo exterior, sus empleadores o los agentes que las contratan las golpean o las someten a abusos sexuales", alerta el informe. Pero, generalmente, las víctimas "están demasiado intimidadas como para entablar juicio a sus empleadores, aunque tengan derecho de hacerlo".
Como resultado de esa discriminación, según el sindicato GFBTU, afiliado de la CSI, la diferencia del coste laboral entre un trabajador local y un trabajador inmigrante "asciende a menudo a nada menos que 300 euros mensuales". La GFBTU ha reclamado que se pague el salario mínimo a todos los trabajadores del país, sea cual sea su origen.
La cantidad de trabajadores extranjeros a quienes se obliga a trabajar es otro motivo de preocupación para la CSI, que recalca en el documento que "las formas más comunes de trata de seres humanos se dan entre los obreros no calificados del sector de la construcción y los trabajadores domésticos".
