Cruzada humanitaria para salvar a los indígenas wayuú en Colombia

BOGOTÁ 9 Ago. (EDIZIONES) -

La crítica situación de los wayuú por fin ha hecho saltar las alarmas dentro y fuera de las fronteras colombianas para que el Gobierno de Juan Manuel Santos frene la sangría de vidas que ha provocado la pobreza en esta comunidad indígena.

Los wayuú viven esparcidos en pequeños asentamientos rurales en La Guajira, en el extremo noreste de Colombia, aislados social y geográficamente, en un silencio que ha permitido mantener oculto su drama, al menos hasta hace poco.

"La vida e integridad personal" de los wayúu "está en riesgo en vista a la falta de acceso a agua potable y al estado de desnutrición que el mismo causa a la comunidad, en especial a los niños", ha alertado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Los líderes indígenas han achacado esta situación a la falta de acceso al agua potable que vendría causada, además de por la naturaleza desértica de La Guajira, por los proyectos mineros que han proliferado en los últimos tiempos.

"En el subsuelo del departamento existirían yacimientos importantes de hidrocarburos y minerales, como el carbón, los cuales se estarían explotando desde hace años, y estarían impactando en la dinámica social y ambiental de la región", denuncian ante la CIDH.

"Los sistemas de almacenamiento de agua que proveían agua a las comunidades de La Guajira están completamente secos", lo que impide el consumo humano y realizar actividades que constituyen "el sustento básico" de los wayúu, como la cría y el pastoreo.

La sequía --agravada por el fenómenos climático 'El Niño'-- ha llevado los índices de desnutrición global en La Guajira a sus niveles más altos, "ocupando el primer lugar en Colombia con una prevalencia del 11,2 por ciento", de acuerdo con una encuesta nacional de principio de lustro.

Más allá del agua, la explotación minera a cielo abierto ha multiplicado los obstáculos vitales a los que se enfrentan los wayúu: las infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años tienen una incidencia del 11,6 por ciento y las enfermedades diarreicas del 15,2.

Las consecuencias son demoledoras: 4.770 niños han muerto en ocho años. La tasa de mortalidad para los wayúu menores de cinco años es de 32 por cada mil y la principal causa es "la desnutrición severa", en lo que constituyen "muertes evitables", según la Defensoría del Pueblo.

"DEJARLES MORIR"

Para Diana Guarnizo, de la ONG DeJusticia, consultada por diario colombiano 'El Espectador', hay otro factor: "La ausencia de instituciones locales lo suficientemente fuertes y comprometidas con la protección de los miembros de su comunidad".

En la misma línea, Ruth Chaparro, directora de la ONG FUCAI, sostiene que las causas de la "dramática" situación de los wayúu se asientan sobre todo en el "racismo" y en "que le estorban a mucha gente". "De alguna manera la idea es dejarles morir", afirma, en declaraciones a Europa Press.

Desde el Gobierno, la inversión social destinada a los indígenas o no se ha aprobado o se ha desviado. "Por eso decimos que no mueren, sino que son asesinados, porque quienes tienen que tomar decisiones no las toman o quienes tienen que entregar los recursos se los guardan", denuncia Chaparro.

TOQUE DE ATENCIÓN

Cansados de ver la discreta desaparición de sus compatriotas, los líderes wayuú Javier Rojas y Carolina Sáchica, decidieron acudir a la CIDH, que finalmente el pasado diciembre dictó medidas cautelares para garantizar la supervivencia de los wayúu a través de sus niños.

"Los alegatos de hecho y derecho demuestran que los miembros de estas comunidades se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas y en riesgo", constató.

Y pidió a Colombia "asegurar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes".

Esta llamada internacional surtió efecto y el presidente colombiano encabezó en febrero una inédita reunión de todos los niveles de gobierno de La Guajira para estudiar el caso. "¡No se puede morir ni un solo niño por desnutrición! (...) Es una vergüenza para el país", dijo Juan Manuel Santos, reconociendo la responsabilidad del Estado.

"ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE"

Sin embargo, Chaparro denuncia que, a pesar de las promesas de la Casa de Nariño, "todavía no se ven los resultados". "Los niños siguen muriendo", lamenta. En los últimos meses decenas de niños wayuú han fallecido por problemas asociados a la desnutrición.

Chaparro explica que el plan de choque del Gobierno es "absolutamente insuficiente" porque "los programas no son pertinentes ni para el desierto ni para la cultura wayúu". Los pocos pozos que se perforan "son de agua tan salada que ni los chivos pueden beberla", apunta.

La directora de FUCAI, socio local de Manos Unidas, reclama una actuación real en dos fases: una primera de emergencia para responder a la "crisis humanitaria" en La Guajira y una segunda que ataque "la raíz del problema".

EN MANOS DE SANTOS

En un fallo sin precedentes la Corte Suprema de Justicia ha encargado a Santos que se ocupe personalmente de diseñar, coordinar y ejecutar un plan verdaderamente eficiente para garantizar la existencia de este pueblo indígena de La Guajira.

El alto tribunal ha encargado en concreto al Ministerio de Medio Ambiente "que brinde ayuda en el trazo e impulso de propuestas para la optimización del desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural, porque parte del arreglo de la problemática no es solamente brindar alimentos, sino parejamente posibilitar su permanente obtención".

Guarnizo destaca que esta decisión es "muy valiosa" para acabar con la "esquizofrenia" en La Guajira. "Es un problema tan grande que la única posibilidad para poner a todas las entidades de acuerdo es que lo haga el presidente", añade su colega de DeJusticia, Mauricio Albarracín.

La ONG ha advertido de que esta resolución judicial "no resuelve el problema de fondo", por lo que hay que mantener la presión social. "Si la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad seguimos dando una atención sostenida (...), la esperanza aumenta considerablemente", confía el director ejecutivo de DeJusticia, César Rodríguez.